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El futuro de la reforma tributaria es incierto y depende de un frágil equilibrio político en el Congreso. El Gobierno lucha contrarreloj para evitar su hundimiento, mientras la oposición mantiene una postura firme en contra, dejando en vilo la financiación del presupuesto nacional y la estabilidad fiscal del país.

A pesar del crecimiento en el recaudo bruto, la DIAN admite que la meta fiscal de 2025 no se cumplirá, con un déficit proyectado de $11 billones. Este escenario, atribuido a una recuperación económica más lenta de lo esperado y al impacto de las altas tasas de interés, aumenta la presión sobre las finanzas públicas.

La DIAN ha puesto en marcha una acción de control masiva contra más de 3.000 empresas por presuntamente incumplir con la Tasa Mínima de Tributación del 15%. La estrategia combina una fase persuasiva con la advertencia de investigaciones formales, marcando la primera aplicación a gran escala de esta normativa para combatir la elusión fiscal.

Como estrategia para fortalecer sus finanzas, varias ciudades colombianas, incluyendo Montería, Medellín, Duitama y Santa Marta, han lanzado programas de amnistía tributaria.

Estos ofrecen significativos descuentos en intereses y sanciones para motivar a los contribuyentes morosos a saldar sus deudas antes del cierre de año.

La actual reforma tributaria en discusión busca anular el beneficio de la exención generalizada del 4x1.000, aprobado en 2022 pero nunca implementado por completo debido a barreras tecnológicas.

De aprobarse, los contribuyentes perderían una flexibilización prometida, volviendo al esquema de una única cuenta exenta por persona.

La reforma tributaria en curso incluye un capítulo de alivios fiscales que busca facilitar el pago de deudas con la DIAN a través de la reducción de sanciones e intereses. Además, se propone un nuevo impuesto de normalización para que los contribuyentes declaren activos omitidos, con el objetivo de aumentar el recaudo y ampliar la base gravable.

Ante la llegada de la temporada de fin de año, la DIAN ha puesto en marcha un plan de fiscalización masiva para verificar el cumplimiento de la facturación electrónica. Con miles de visitas planeadas y el uso de monitoreo tecnológico, la entidad busca prevenir la evasión fiscal y sancionar a los comercios que no expidan correctamente este documento.

El hundimiento de la reforma tributaria podría desencadenar una crisis fiscal en Colombia, según advierten tanto el Gobierno como expertos económicos. La falta de estos ingresos comprometería la financiación del gasto social, la estabilidad económica y aumentaría el riesgo de incumplimiento de las obligaciones financieras del país.

La facturación electrónica en Colombia es ahora un ecosistema digital robusto y obligatorio que abarca la totalidad de las operaciones comerciales. Su correcta implementación es vital para la eficiencia empresarial y para evitar sanciones de una DIAN que intensifica cada vez más sus controles sobre el cumplimiento digital.

La Alcaldía de Montería implementa una estrategia dual para mejorar el recaudo: mientras ofrece descuentos históricos para incentivar a los deudores a ponerse al día, también avanza con procesos de embargo y cobro coactivo contra más de 500 contribuyentes, demostrando una postura firme para asegurar los recursos del municipio.