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El rechazo de la reforma tributaria por parte del Congreso crea un déficit presupuestario de $16,3 billones para 2026, obligando al Gobierno a considerar recortes de gastos o medidas extraordinarias en medio de un tenso clima político.

El Gobierno considera un estado de emergencia económica para decretar impuestos, una medida que críticos, incluyendo congresistas y expertos, califican de inconstitucional al argumentar que una derrota legislativa no es una crisis imprevista.

Una decisión del Tribunal Superior de Cartagena permite a la DIAN reanudar el proceso de cobro de $1,3 billones en IVA contra Reficar, revocando una protección judicial previa y dejando a la refinería expuesta a un posible embargo de sus activos.

Múltiples municipios y departamentos colombianos implementan amnistías tributarias temporales con grandes descuentos en intereses y multas para fomentar el pago de impuestos atrasados, con el objetivo de aumentar los ingresos para el gasto público a pesar de las preocupaciones sobre la cultura de pago a largo plazo.

El 'Plan Navidad' de la DIAN intensifica los operativos a nivel nacional contra el contrabando en sectores clave, apuntando a las grandes redes ilegales, al tiempo que refuerza la lucha contra la evasión fiscal mediante verificaciones masivas de la facturación electrónica.

Las autoridades fiscales colombianas clasifican las criptomonedas como activos intangibles, lo que implica que cada venta, intercambio o pago es un evento gravable que puede generar ganancias de capital, presentando importantes desafíos de cumplimiento para usuarios y empresas.

La DIAN realiza un último evento masivo de cobro, 'Pagar sí paga', para recuperar $5,7 billones en impuestos atrasados de más de 57.000 deudores, advirtiendo que es la última oportunidad para regularizar deudas antes de enfrentar embargos de activos y cuentas bancarias.

La DIAN planea incrementar la UVT en un 5,17% para 2026, alineándola con la inflación, lo que reajustará los umbrales para la declaración de renta, el impuesto al patrimonio y otras obligaciones fiscales para todos los contribuyentes.

La reforma tributaria derrotada se centraba en gravar los sectores de altas utilidades como el financiero y el minero, así como los grandes patrimonios. Aunque el Gobierno eliminó impuestos de consumo controvertidos, no logró convencer a los legisladores sobre su viabilidad económica y equidad.

El intento del Gobierno de reintroducir la no deducibilidad de las regalías en su reforma tributaria, una medida previamente declarada inconstitucional, fue un punto de contención clave que contribuyó a la derrota del proyecto de ley, en medio de críticas sobre el riesgo de una tributación confiscatoria y el desacato a un precedente judicial.