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El Gobierno radicó una reforma tributaria sin precedentes por su meta de recaudo de $26,3 billones, argumentando la necesidad de asegurar la estabilidad fiscal del país. La iniciativa es fundamental para financiar el presupuesto de 2026, pero enfrenta un panorama político complejo y es considerada la más ambiciosa de la historia reciente de Colombia.

La reforma plantea un aumento escalonado del IVA para la gasolina y el ACPM hasta el 19 %, lo que incrementaría los precios al consumidor y los costos de transporte. El Gobierno lo defiende como una medida de recaudo y de transición energética, mientras que los críticos alertan sobre posibles presiones inflacionarias.

La reforma propone un fuerte incremento en los impuestos a las bebidas alcohólicas, elevando el IVA de la cerveza al 19 % y unificando el impuesto al consumo con nuevos componentes. El objetivo es desincentivar el consumo por razones de salud pública y aumentar el recaudo, lo que se traducirá en un alza considerable de los precios.

La propuesta de reforma reduce el umbral para declarar impuesto al patrimonio a cerca de $1.992 millones y establece tarifas progresivas de hasta el 5 % para las grandes fortunas. El Gobierno espera aumentar significativamente el recaudo y la progresividad del sistema, aunque existen preocupaciones sobre una posible fuga de capitales.

La reforma busca eliminar exenciones tributarias a varios servicios, introduciendo un impuesto al consumo del 19 % para eventos de alto valor y aplicando IVA a los juegos de azar en línea y a los parqueaderos no residenciales.

Estas medidas pretenden aumentar el recaudo gravando actividades consumidas mayoritariamente por sectores de ingresos medios y altos.

La reforma propone que las iglesias paguen impuesto de renta por sus ingresos de actividades comerciales, manteniendo la exención para las relacionadas con el culto. La medida busca equidad tributaria y obligaría a estas entidades a separar su contabilidad, aunque la definición de "actividad comercial" aún genera incertidumbre.

La propuesta de reforma tributaria busca establecer una sobretasa permanente de 15 puntos porcentuales al impuesto de renta de las instituciones financieras, elevando su tarifa total al 50 %. El Gobierno defiende la medida como un acto de equidad tributaria, mientras que los expertos advierten sobre posibles efectos negativos en la inversión.

La reforma tributaria planea eliminar la exención de IVA para compras internacionales menores a 200 dólares y suprimir el beneficio del componente inflacionario para inversionistas.

Estas medidas buscan aumentar el recaudo y corregir lo que el Gobierno considera distorsiones y inequidades en el sistema tributario actual.

La reforma tributaria enfrenta una fuerte oposición de expertos, gremios y congresistas, quienes la critican por su magnitud, falta de sustento técnico y potencial impacto negativo en la economía.

El adverso ambiente político, especialmente en el Senado, amenaza la aprobación del proyecto y augura un intenso debate legislativo.

La reforma tributaria introduce nuevas cargas para el sector extractivo, incluyendo un impuesto del 1 % a la venta de petróleo y carbón, y un aumento en la tarifa del impuesto al carbono. Estas medidas buscan aumentar los ingresos fiscales y promover la transición energética, aunque generan preocupación en la industria.