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El debate del presupuesto para 2026 está polarizado entre la propuesta gubernamental de mantener un gasto elevado financiado con una nueva reforma tributaria, y dos alternativas de la oposición y sectores independientes que buscan reducir el monto para garantizar la sostenibilidad fiscal sin nuevos impuestos. La decisión final, que debe tomarse en un cronograma ajustado, definirá el rumbo económico del país para el próximo año.

La financiación del presupuesto 2026 depende de una controversial reforma tributaria, una estrategia gubernamental que ha generado resistencia en el Congreso. La discusión está marcada por la presión del tiempo y la posibilidad de que el Ejecutivo expida el presupuesto por decreto, lo que limita el margen de maniobra del legislativo.

La reforma tributaria del Gobierno enfrenta un doble frente de oposición: uno político, que la considera lesiva para la ciudadanía y promete bloquearla en el Congreso, y uno técnico, que advierte sobre sus consecuencias negativas para la inversión, el ahorro y la estabilidad fiscal del país.

El plan de gravar con un IVA del 19% a los servicios digitales y aumentar el impuesto a los combustibles son los puntos más sensibles de la reforma tributaria. Estas medidas han generado alarma por su potencial impacto inflacionario y por el riesgo de obstaculizar la digitalización y competitividad de las microempresas en Colombia.

El programa de amnistía tributaria del Valle del Cauca ha demostrado ser una estrategia efectiva para aumentar el recaudo y aliviar la carga de los contribuyentes morosos. Con descuentos significativos y facilidades de pago en línea, la iniciativa incentiva la normalización de las obligaciones fiscales antes de que finalice el año.

El municipio de Rionegro ha aprobado un importante programa de amnistía fiscal que reduce drásticamente los intereses de mora y las sanciones para los deudores de impuestos locales. Esta estrategia busca un doble objetivo: proporcionar un alivio financiero a los contribuyentes y mejorar los niveles de recaudo municipal para destinarlos a proyectos de inversión.

La incertidumbre generada por la reforma tributaria nacional ha obligado a la Alcaldía de Bogotá a pausar su propia reforma fiscal. La decisión responde a la necesidad de evitar una doble tributación que afectaría a ciudadanos y empresas, y de esperar a que el panorama fiscal nacional se aclare antes de proponer nuevas cargas impositivas a nivel distrital.

La DIAN ha destapado un caso de posible evasión fiscal a gran escala en el sector de gastro-bares de Neiva, con inconsistencias que superan los $16.000 millones. Esta acción subraya la intensificación de los controles de la autoridad tributaria para garantizar el cumplimiento y combatir el fraude en el recaudo del IVA.