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El despliegue militar estadounidense en el Caribe, justificado como una operación antinarcóticos, es ampliamente interpretado como una maniobra de presión militar y geopolítica directa contra el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha incrementado drásticamente la tensión y el riesgo de una escalada en la región.

El gobierno de Maduro ha reaccionado a la presencia militar estadounidense con la movilización de su masiva milicia civil, una demostración de fuerza simbólica que busca consolidar el apoyo interno y disuadir una posible agresión externa, aunque su capacidad operativa real es motivo de debate.

Estados Unidos ha formalizado su ofensiva contra el gobierno venezolano a través de un marco judicial, acusando a Nicolás Maduro de ser el cabecilla de una organización narcoterrorista y ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares, lo que legitima su política de presión y eleva el riesgo de una confrontación.

La acción militar de Estados Unidos ha generado una fractura en la comunidad internacional: mientras aliados de Venezuela como China y Cuba la condenan enérgicamente, otros países de la región, como Brasil y Colombia, expresan su preocupación y buscan un equilibrio diplomático, reflejando la complejidad del escenario geopolítico.

Aunque la estrategia de Estados Unidos contra Maduro evoca la empleada para derrocar a Noriega en Panamá, basada en acusaciones de narcotráfico y presión militar, las diferencias geopolíticas, militares y de control interno hacen que una intervención directa en Venezuela sea un escenario mucho más arriesgado y de consecuencias impredecibles.

El Cartel de los Soles es, según las acusaciones de EE. UU., una red de narcotráfico enquistada en las altas esferas del poder militar y político de Venezuela, cuya existencia es la piedra angular de la narrativa estadounidense para calificar al país como un narcoestado y justificar sus acciones coercitivas.

La presunta declaración de Ovidio Guzmán, vinculando directamente a Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles, representa un importante espaldarazo para la estrategia judicial de Estados Unidos, al provenir de una figura central del narcotráfico con conocimiento de las operaciones criminales transnacionales en la región.

Como respuesta diplomática a la presión estadounidense, Nicolás Maduro ha buscado refugio en sus aliados de la ALBA y ha extendido una invitación a Colombia para formar un frente común, intentando transformar la crisis bilateral en una causa de defensa de la soberanía regional.

Colombia se encuentra en una encrucijada, tratando de mantener su soberanía y promover una solución pacífica mientras gestiona su alianza con Estados Unidos y la volátil relación con Venezuela, con el riesgo de que una escalada militar en el país vecino afecte directamente su seguridad y estabilidad.

Mientras la retórica militar domina el Caribe, el anuncio de Maduro sobre la activación de una zona económica con Colombia introduce una narrativa de cooperación, aunque su implementación real enfrenta grandes desafíos económicos y de seguridad, siendo vista por ahora como un gesto más simbólico que práctico.