
La confiscación del petrolero, justificada por EE. UU. como una medida contra la evasión de sanciones y apoyada por la oposición, es denunciada por Caracas como un acto de piratería y una agresión a su soberanía.
El evento agudiza el conflicto bilateral y se enmarca en una estrategia de máxima presión estadounidense en el Caribe.







