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La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela resultó en la captura de Nicolás Maduro, un acto que ha sido calificado por numerosas naciones como una violación de la soberanía y el derecho internacional. Este evento abre un nuevo y complejo capítulo para el país, marcado por la influencia directa de Washington y una profunda crisis política y diplomática en la región.

Delcy Rodríguez lidera ahora Venezuela en un escenario complejo, donde debe equilibrar la lealtad al chavismo y al capturado Maduro con la presión directa de Estados Unidos, todo mientras busca mantener el control sobre el aparato estatal y las fuerzas armadas.

La administración Trump ha explicitado su objetivo de controlar la transición en Venezuela, priorizando los intereses y la seguridad de EE. UU. bajo una renovada doctrina de dominio hemisférico, una postura que ha generado alarma y rechazo en gran parte de la región.

La reacción mundial a la operación estadounidense está fracturada a lo largo de líneas ideológicas, lo que evidencia la polarización global en torno al debate sobre el intervencionismo, la soberanía nacional y la rendición de cuentas de regímenes autoritarios.

La intervención estadounidense está explícitamente ligada a la toma de control de la industria petrolera de Venezuela, con el objetivo de redirigir su producción hacia los intereses de EE. UU. y sus empresas, al tiempo que se margina a competidores estratégicos como China, confirmando que las motivaciones económicas son un pilar de la operación.

Estados Unidos ha modificado su justificación legal para la captura de Maduro, pasando de acusarlo de liderar un cartel formal a señalarlo como el artífice de un sistema corrupto.

Este ajuste sugiere una estrategia para fortalecer el caso judicial, aunque debilita la narrativa política que sustentó la intervención militar.

El costo humano de la intervención estadounidense ha sido elevado, con decenas de muertos confirmados entre militares venezolanos y cubanos, además de víctimas civiles. Estos hechos no solo subrayan la violencia de la operación, sino que también sacaron a la luz el nivel de implicación de Cuba en la protección del régimen de Maduro.

La administración Trump ha optado por ignorar a la cúpula de la oposición venezolana, incluyendo a María Corina Machado, prefiriendo un acuerdo pragmático con remanentes del régimen chavista.

Esta decisión margina a los actores democráticos y complica el camino hacia la transición que ellos habían imaginado.

La intervención estadounidense ha desestabilizado el tablero político regional, creando una confrontación directa con el gobierno de Colombia y dejando a aliados clave de Venezuela, como Cuba y Nicaragua, en una posición de extrema vulnerabilidad económica y política.

A pesar de los esfuerzos por canalizar la crisis a través de organismos multilaterales como la CELAC y la OEA, las divisiones políticas en América Latina han impedido, hasta ahora, una respuesta unificada y contundente frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, evidenciando la fragilidad de la diplomacia regional.