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El atentado terrorista en Cali, atribuido a disidencias de las FARC, causó la muerte de siete civiles e hirió a más de 70, generando una crisis de seguridad. La respuesta estatal incluyó la militarización de la ciudad y la intervención directa del Gobierno Nacional para capturar a los responsables y prevenir futuros ataques.

En respuesta al atentado, el Gobierno envió a Cali un comando de 50 soldados de élite de las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas. Su misión es capturar a los responsables del ataque, pertenecientes a la estructura 'Jaime Martínez', y reforzar la seguridad en la ciudad, trabajando en conjunto con la Policía y el Bloque de Búsqueda.

Organismos de inteligencia frustraron un plan de las disidencias de las FARC para atentar contra el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro. Tras descubrir seguimientos a los mandatarios, se reforzaron sus esquemas de seguridad, mientras ambos líderes reafirmaron su decisión de no ceder ante las intimidaciones.

Dos sospechosos del atentado en Cali, Walter Yonda Ipía y Carlos Obando Aguirre, fueron capturados y enviados a prisión preventiva.

La Fiscalía les imputó graves delitos, incluyendo terrorismo y homicidio agravado, aunque no aceptaron los cargos.

La investigación continúa para identificar a todos los implicados en el ataque.

Tras el atentado, se lanzó la 'Operación Sultana', una estrategia de seguridad para proteger a Cali y el sur del Valle. El plan incluye el fortalecimiento del Bloque de Búsqueda, inversión en tecnología anti-drones, mayor presencia militar y una intervención focalizada en Jamundí para desarticular a los grupos criminales que operan en la zona.

El sector empresarial y la ciudadanía lanzaron la campaña 'Cali y el Valle lo valen' para ayudar a los afectados por el atentado. Se habilitaron puntos de donación en centros comerciales y una plataforma en línea para recaudar alimentos, ropa, materiales de construcción y dinero, demostrando la unidad de la región frente a la tragedia.

La Alcaldía de Cali desplegó un operativo para recuperar la zona del atentado, removiendo 60 toneladas de escombros, reparando la malla vial y restableciendo los servicios de energía y telecomunicaciones. Además, se realizó una siembra simbólica de 500 plantas para transformar el área afectada y promover la resiliencia comunitaria.

Autoridades capturaron en Cali a alias 'El Mocho', señalado cabecilla de las milicias urbanas de la estructura 'Jaime Martínez'. Se le atribuye la coordinación de múltiples atentados con explosivos, asesinatos y reclutamiento de menores, representando su detención un golpe clave a las disidencias en la región.

El alcalde Alejandro Eder ha respondido al atentado con un llamado enérgico al Gobierno Nacional, exigiendo una estrategia de seguridad más contundente y recursos para combatir a los grupos narcoterroristas. Advirtió que la crisis de seguridad podría extenderse por el país y descartó cualquier diálogo con los responsables, a quienes calificó de delincuentes.

La Policía de Cali capturó a 12 miembros de la banda 'Los Burke', una red internacional que robaba celulares a turistas en el Bulevar del Río y la Calle del Sabor.

La organización utilizaba un laboratorio con software extranjero para manipular los dispositivos y generaba ganancias millonarias.