
La muerte de al menos 15 menores en operaciones militares ha generado una crisis política y un profundo debate ético y jurídico en Colombia. Mientras el Gobierno justifica los bombardeos como una necesidad militar, la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Procuraduría exigen investigaciones y un replanteamiento de las estrategias para proteger a la niñez en medio del conflicto.










