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Capturado en flagrancia hombre que agredía sexualmente a una mujer dentro de un bus en Antioquia

En una decisión histórica, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció a 104 hombres como víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, visibilizando una de las formas de violencia de género más silenciadas en Colombia.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP acreditó a 104 hombres como víctimas de violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Los hechos fueron perpetrados por grupos paramilitares, con la posible tolerancia de miembros de la fuerza pública, entre 1998 y 2009 en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba. Esta decisión sienta un precedente en la justicia transicional al revelar patrones y causas de la violencia sexual contra hombres y niños.

Del total de víctimas, 35 eran menores de edad al momento de los crímenes; 19 de ellos tenían entre cinco y 14 años, y 16 eran adolescentes. La violencia fue utilizada de manera deliberada como un mecanismo de castigo, humillación y control territorial, enmarcada en dinámicas de poder de género. Según la investigación, el año 2000 fue el punto más crítico, con 50 de los crímenes documentados. La JEP constató que la mayoría de las víctimas guardaron silencio durante años por miedo, vergüenza y la falta de garantías institucionales.

En los casos en que denunciaron, a menudo solo reportaron el desplazamiento forzado, omitiendo los abusos sexuales. El magistrado Óscar Parra, relator de uno de los subcasos, calificó el reconocimiento como un hito legal y social, posible gracias al valor de los hombres que rompieron el silencio y relataron sus experiencias. La magistratura de la JEP concluyó que la victimización sexual de hombres y niños, incluidos heterosexuales y cisgénero, es una de las formas más invisibilizadas de violencia de género. Fue una estrategia para imponer control social y atacar la masculinidad, reforzando un modelo de virilidad dominante. Este reconocimiento, apoyado por la organización All Survivors Project, amplía los enfoques de género y fortalece el mandato reparador de la Jurisdicción.

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