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Rechazo de Petro a resolución del Parlamento Europeo

Una resolución del Parlamento Europeo que cuestiona la situación de violencia y polarización en Colombia ha desatado un enfrentamiento diplomático con el presidente Gustavo Petro, quien la califica como una injerencia en asuntos internos.
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El Parlamento Europeo aprobó una resolución que expresa su preocupación por el aumento de la delincuencia, la violencia política y la radicalización en Colombia. Con el respaldo de más de 350 eurodiputados, el organismo condenó el asesinato del senador Miguel Uribe y la escalada de terrorismo, masacres y violencia armada, advirtiendo que ponen en peligro la estabilidad democrática del país. El europarlamentario Juan Ignacio Zoido explicó que la resolución critica directamente al presidente Gustavo Petro y a otros actores políticos por alimentar la polarización con "discursos agresivos y divisivos". Aunque Zoido aclaró que no puede afirmar que los tuits del presidente causaran directamente el atentado contra Uribe, sí criticó el "discurso de tono de odio". En respuesta, el presidente Gustavo Petro rechazó categóricamente la resolución, calificándola como una injerencia en los asuntos internos de Colombia. El mandatario defendió los avances de su gobierno en seguridad y justicia social, y argumentó que las decisiones de política interna no pueden ser dictadas desde el exterior. Sostuvo que, si bien Colombia respeta los derechos humanos, las críticas externas deben basarse en un diálogo constructivo y no en presiones. La controversia escaló cuando Petro señaló que los responsables del asesinato de Miguel Uribe son parte de una "mafia que vive en Europa", específicamente en Madrid y Dubái.

Según fuentes gubernamentales, el presidente se referiría a una supuesta "junta directiva del narcotráfico" que incluiría a exnarcotraficantes como Julio Lozano Pirateque y Jorge González Ramírez, alias 'J La Firma', entre otros.

Esta versión, sin embargo, es negada por la Policía y agencias especializadas que investigan el magnicidio. El propósito de la resolución, según Zoido, es enviar un mensaje al gobierno colombiano para que garantice las libertades y la democracia de cara a las elecciones de 2026, y para que el narcotráfico y el terrorismo no se extiendan. Mientras el Parlamento Europeo insiste en la necesidad de monitorear la situación de los derechos humanos y proteger a la sociedad civil, el gobierno colombiano mantiene su postura de rechazo a lo que considera una intervención externa.

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