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Proyecto del gobierno busca recaudar $1.2 billones de las industrias

El Gobierno Nacional ha presentado un borrador de decreto que busca aumentar en un 20 % el costo de la energía para varios sectores económicos, una medida que ha generado un intenso debate en el país.
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El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto que propone un aumento del 20 % en el costo de la energía eléctrica para diversas actividades económicas y usuarios de estratos 5 y 6. El objetivo principal de la medida es recaudar entre $1.2 y $1.4 billones de pesos anuales para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico y mitigar el impacto fiscal derivado de los subsidios de energía que se entregan a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. La propuesta modifica una exención existente sobre la contribución de solidaridad del sector energético.

Según el borrador, este beneficio se limitará exclusivamente a las industrias del sector manufacturero.

De esta manera, otros sectores que hasta ahora gozaban de la exención deberán volver a pagar la contribución, lo que representa un incremento del 20 % en el costo por kilovatio hora consumido. El documento estuvo abierto a comentarios de la ciudadanía hasta el 4 de septiembre y, de ser aprobado, entraría en vigor 45 días después de su publicación. Los sectores que se verían afectados por la eliminación del beneficio incluyen la agricultura, ganadería, minería, construcción, el sector de electricidad, gas y agua, y el de información y comunicaciones. Según el exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, la medida es una reinterpretación del Ministerio de Hacienda y la DIAN para reclasificar a los beneficiarios de la exención. La iniciativa ha generado rechazo en gremios energéticos y productivos, así como en figuras políticas como el representante a la Cámara Óscar Villamizar, quien calificó el proyecto como “mezquino”.

El control de la medida estará a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las empresas prestadoras del servicio, las cuales deberán suministrar trimestralmente a la superintendencia un reporte de los usuarios industriales a quienes les hayan facturado bajo las nuevas condiciones.

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