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Por un crédito, Procuraduría formuló cargos al exalcalde de Sabanalarga

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado acciones de control e investigación en dos casos de alto perfil que involucran la gestión de recursos públicos y la contratación estatal en Antioquia y en el Ministerio de Defensa.
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En uno de los casos, el Ministerio Público formuló pliego de cargos contra Morel Alfonso Mazo Gutiérrez, exalcalde de Sabanalarga, Antioquia, y Carlos Andrés Taborda Rodríguez, quien fuera su secretario de Hacienda. La investigación se centra en la presunta destinación indebida de los recursos de un crédito superior a los 270 millones de pesos, desembolsado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) en 2019. Según la Procuraduría, los fondos estaban originalmente destinados a la construcción de la placa de un polideportivo en la vereda El Llano de Oro. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia calificó la presunta falta de los exfuncionarios como gravísima. La formulación de cargos se sustenta en que, si bien existía un acuerdo municipal que autorizaba al alcalde a modificar la destinación del empréstito, los recursos habrían sido utilizados para fines distintos a los pactados inicialmente. Paralelamente, el ente de control ha puesto su atención en el Ministerio de Defensa, al que solicitó con carácter de urgencia un informe detallado sobre la ejecución del contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército. El requerimiento fue dirigido al ministro Pedro Sánchez y a otros altos funcionarios, ante la preocupación por posibles incumplimientos y retrasos que afectarían la operatividad de la flota. La Procuraduría, que ya había advertido sobre la aparente falta de capacidad del contratista, Vertol System Company, para cumplir con sus obligaciones, exigió al Ministerio responder más de 20 preguntas en un plazo de tres días. Las interrogantes abarcan la ejecución del contrato, los informes de supervisión, el estado de las aeronaves, los pagos realizados —incluyendo un anticipo del 50%— y las medidas de mitigación de riesgos adoptadas. Esta acción se produce mientras la cartera de Defensa adelanta su propia investigación interna por los presuntos incumplimientos.

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