Tratados, talweg y soberanía: el caso colombiano sobre la isla Santa Rosa

La disputa por la soberanía de la isla de Santa Rosa, en la frontera amazónica, se intensificó recientemente con la detención de dos ciudadanos colombianos, Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, por parte de autoridades peruanas mientras realizaban labores topográficas. El Gobierno de Perú calificó el hecho como un atentado a su soberanía e inició una investigación, mientras que el presidente Gustavo Petro calificó la detención de “secuestro” ilegal, argumentando que la soberanía de la isla no ha sido adjudicada formalmente. La tensión aumentó con actos simbólicos, como el izamiento de una bandera colombiana por parte del precandidato presidencial Daniel Quintero, que fue retirada por autoridades peruanas, quienes posteriormente izaron su propia bandera con custodia militar.

El núcleo del conflicto radica en interpretaciones divergentes de los tratados históricos. Perú defiende su soberanía sobre la isla, a la que denomina Chinería, basándose en el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934. Sostiene que Santa Rosa es una parte integral de la isla Chinería, asignada a su jurisdicción en la demarcación de 1928-1930. Además, el Congreso peruano fortaleció su presencia administrativa al crear el distrito de Santa Rosa de Loreto. Por su parte, Colombia argumenta que la isla Santa Rosa no existía cuando se firmaron dichos tratados, ya que se formó por sedimentación fluvial en la década de 1970. Por lo tanto, no fue incluida en la asignación de islas de 1929 y requiere una nueva delimitación bilateral. La posición colombiana se apoya en principios del derecho internacional como el *talweg*, que establece la frontera en el canal más profundo del río, el cual, según estudios, ubicaría a la isla en aguas colombianas. Analistas como Carlos Zárate, director del Centro de Pensamiento en Fronteras, señalan que el tratado de 1922 está “fosilizado” al no prever la dinámica cambiante del río Amazonas. Zárate propone como solución el reconocimiento de “regiones transfronterizas” de administración conjunta, que reflejen la realidad de las “ciudades pares” como Leticia y Tabatinga, donde las poblaciones y lazos familiares trascienden las fronteras. Mientras tanto, algunos artículos sugieren que la disputa es avivada por intereses políticos internos en ambos países, y que la población local, compuesta por cerca de 3.000 habitantes mayoritariamente peruanos que dependen económicamente de Leticia, desea una solución pacífica y mayor atención de ambos Estados.