Persecución judicial contra gobernador de Antioquia

La Fiscalía General de la Nación interceptó las comunicaciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante 71 días, entre el 14 de mayo y el 23 de julio de 2024. Las escuchas también se extendieron a otras nueve personas, entre ellas funcionarios actuales y excolaboradores de su gestión como alcalde de Rionegro. Según el ente acusador, estas acciones se enmarcan en una investigación por presuntas irregularidades en un contrato de más de 1.270 millones de pesos para la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) durante su alcaldía en dicho municipio (2016-2019). El gobernador Rendón rechazó enérgicamente las interceptaciones, calificándolas como un "abuso de poder" y una "instrumentalización de la justicia con propósitos ideológicos". Cuestionó el objetivo de espiar sus comunicaciones y atentar contra su intimidad, sugiriendo que es una estrategia para "sacarlo del camino" y permitir que el Gobierno Nacional "usurpe" su cargo. Además, criticó a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, por asegurar que él tenía una imputación en su contra cuando el proceso aún se encuentra en indagación preliminar, y anunció una recusación formal en su contra.

Aunque las interceptaciones contaron con tres órdenes judiciales, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá las calificó como "desproporcionadas" y mal soportadas. Esta situación desató una fuerte reacción política por parte del partido del gobernador, el Centro Democrático, que denunció una "persecución emprendida por el Estado" y afirmó que las instituciones están siendo utilizadas como "herramientas de intimidación contra la oposición". Congresistas del partido, como la senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal, respaldaron al gobernador y acusaron al gobierno de Gustavo Petro de instrumentalizar la Fiscalía, comparando la situación con "una dictadura como la de Venezuela". El precandidato presidencial Aníbal Gaviria también rechazó cualquier intervención que afecte la autonomía y la privacidad. La Fiscalía, por su parte, sostiene que las interceptaciones fueron necesarias para avanzar en la investigación.