Paloma Valencia pidió a la Corte Constitucional hundir la reforma pensional

La reforma pensional, una de las iniciativas sociales más importantes del Gobierno de Gustavo Petro, enfrenta un grave obstáculo jurídico que pone en duda su futuro. La Corte Constitucional, mediante el Auto 841 de 2025, determinó que la Cámara de Representantes incurrió en un vicio de trámite al aprobar el proyecto. Según el alto tribunal, la corporación acogió el texto proveniente del Senado sin realizar el debate y la votación individual de cada artículo, una omisión que viola los principios democráticos y de deliberación legislativa. En un intento por subsanar el error, la Cámara de Representantes convocó a sesiones extraordinarias el 27 y 28 de junio y aprobó nuevamente la iniciativa acogiendo el texto del Senado.

Sin embargo, esta acción no resolvió la controversia. La Corte Constitucional advirtió que repetir la votación en bloque no es suficiente para corregir el vicio, ya que se requiere un “debate real y detallado del articulado”. Actualmente, el tribunal investiga si el procedimiento de subsanación fue válido y ha solicitado 17 pruebas al Congreso y a la Presidencia, incluyendo detalles sobre un viaje del presidente Petro en las fechas de la convocatoria a extras. La situación ha sido aprovechada por la oposición. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, radicó una solicitud formal ante la Corte para que se anule la reforma. Valencia argumenta que la Cámara actuó “a ciegas”, basándose en un comunicado de prensa en lugar del auto oficial, y volvió a viciar el trámite al ignorar más de 700 proposiciones que estaban pendientes de discusión. Según la congresista, la aprobación se realizó sin un debate real, lo que erosiona la legitimidad de la norma. El futuro de la reforma pensional es incierto y se barajan tres escenarios: que la Corte la declare inexequible, que ordene a la Cámara realizar el debate artículo por artículo de forma correcta, o que se conceda una nueva oportunidad para subsanar los errores. Mientras tanto, la entrada en vigencia de la ley, prevista para el 1 de julio de 2025, está suspendida, generando una tensión entre la necesidad de garantizar el debido proceso legislativo y la urgencia social de un proyecto que busca ampliar la cobertura y proteger a cerca de 2,6 millones de adultos mayores en condición de pobreza.