Ordenan arresto por cinco días contra director de la DIAN y varios funcionarios por desacato

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Medellín, con confirmación del Tribunal Administrativo de Antioquia, ordenó una sanción de cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes para el director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás Chica, y cuatro directivos más. La medida se tomó por desacato a un fallo de tutela que exigía el nombramiento de los aspirantes que superaron el concurso de méritos del año 2022 y se encontraban en la lista de elegibles. La acción legal fue interpuesta por Juan David Jiménez Barreto, quien argumentó la vulneración de su derecho a la carrera administrativa. Además del director Llinás, la orden de arresto afecta a Pedro José Arrieta Melendrez, director de Gestión Corporativa; David Gustavo Suárez Castellanos, director de Gestión Estratégica y de Analítica; Carlos Andrés Vargas García, subdirector de Gestión del Empleo Público; y Diana Constanza Pérez Vargas, subdirectora de Desarrollo del Talento Humano. El juzgado solicitó al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá vigilar el cumplimiento de la sanción, que deberá ejecutarse en una estación de policía o en la Escuela de Infantería de la capital. En respuesta, la DIAN calificó las órdenes judiciales como "material y jurídicamente imposibles de cumplir", argumentando que invaden las competencias legales de la entidad. Según la dirección, estas decisiones desconocen la planeación institucional al obligarlos a nombrar personas ubicadas en los últimos lugares de las listas de elegibles, disponer de vacantes previstas para concursos futuros y afectar la distribución de cargos que, por ley, corresponde al Director General.

Llinás ejemplificó que un juez ordenó nombrar a un concursante en el puesto 330 para un perfil con solo 53 vacantes. La entidad advirtió que para acatar los fallos tendría que desvincular a 395 funcionarios provisionales, lo que podría generar demandas millonarias contra el Estado. Asimismo, señaló que los plazos de 48 horas fijados por los jueces ignoran los trámites legales y el debido proceso de los funcionarios afectados. Por ello, la DIAN solicitó al Consejo Superior de la Judicatura capacitar a los jueces sobre la estructura de la entidad y a la Comisión Nacional del Servicio Civil que actúe como garante del proceso de provisión de empleos.