
Ministro de Salud dice que le "alegra" el informe de la Contraloría con los hallazgos en la Nueva EPS



Una auditoría de la Contraloría General, que analizó información de la Nueva EPS entre 2022 y junio de 2025, detectó irregularidades que comprometen su sostenibilidad. A marzo de 2025, las cuentas por pagar de la entidad ascendían a $21,37 billones, compuestas principalmente por anticipos sin legalizar y facturas sin procesar. El hallazgo más alarmante es el crecimiento de los anticipos pendientes de legalización, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, y se dispararon a $15,27 billones a junio de 2025. De este monto, $143 mil millones corresponden a recursos con más de dos años sin respaldo documental, lo que representa un posible detrimento patrimonial. En cuanto a la facturación, se reportaron 22,7 millones de facturas represadas por un valor de $22,1 billones. Sin embargo, un análisis inicial identificó que 9,1 millones de estos registros, equivalentes a $8,9 billones, estaban duplicados. Tras la depuración, queda un saldo de $13,2 billones en facturas pendientes de validar, de las cuales el 97 % no ha sido sometido a revisión. Adicionalmente, el organismo de control alertó sobre una subestimación de las reservas técnicas por $11,1 billones a diciembre de 2024 y deficiencias en la contratación, con carpetas sin contratos completos ni los soportes exigidos por la normatividad. Los hallazgos de la Contraloría serán trasladados a las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.
La situación generó una reacción inmediata del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien afirmó "alegrarse" por el informe, ya que, según él, confirma las irregularidades que su cartera ha denunciado previamente sobre el manejo de recursos en el sistema. El ministro culpó a administraciones anteriores de la Nueva EPS por las deudas ocultas y señaló que la intervención del Gobierno fue necesaria para descubrirlas. Jaramillo también mencionó informes previos de la Contraloría que indican que las EPS no han podido justificar el uso de casi $16 billones entre 2020 y 2022.
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