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Puerto Libertador avanza en transición energética con nueva granja solar para 400 familias campesinas

Colombia impulsa su transición energética con proyectos de formación y desarrollo comunitario, pero enfrenta advertencias del sector sobre la fragilidad institucional y la necesidad de reglas claras para garantizar la seguridad y viabilidad financiera del sistema eléctrico nacional.
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El Gobierno Nacional ha materializado avances en la transición energética con la inauguración del primer laboratorio eólico del país en el SENA de La Guajira, que con una inversión superior a los $4.411 millones, beneficiará a más de 25.000 personas, incluyendo a comunidades wayúu. Este centro de formación busca preparar el talento humano para proyectos a gran escala, como la primera ronda de adjudicación de energía eólica costa afuera. En paralelo, en Puerto Libertador, Córdoba, se inició la construcción de una granja solar con una inversión de más de $4.500 millones, que beneficiará a 400 familias campesinas, promoviendo la democratización energética y el empleo local. No obstante, estos avances contrastan con las serias advertencias emitidas durante el 12º Foro Energético de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).

El gremio señaló una creciente fragilidad institucional y financiera en el sector eléctrico. Una de las principales preocupaciones es el resultado de la subasta de Cargo por Confiabilidad de 2024, que no logró adjudicar la energía firme necesaria para el mediano plazo, estimando que solo un 25 % de los proyectos adjudicados entrarían en operación. Andeg subrayó la urgencia de una nueva subasta que asegure cerca de 2.500 MW de capacidad, de los cuales al menos 800 MW deberían ser de origen térmico para garantizar la estabilidad del sistema. A esta incertidumbre se suma una fuerte presión financiera, atribuida a la intervención de la empresa Air-e y a retrasos en los pagos de subsidios, lo que, según Andeg, aumenta el riesgo de un “apagón financiero”. Para hacer frente a los bloqueos, la asociación SER Colombia propuso un plan de choque con ocho medidas normativas urgentes, destacando que el 87 % de los proyectos renovables previstos para 2026-2029 aún no tienen cierre financiero. Entre las medidas se incluyen la simplificación de licencias ambientales y la definición de reglas para el almacenamiento con baterías. Finalmente, los expertos coincidieron en la importancia estratégica de la región Caribe, que concentra el 80 % del potencial solar y eólico del país, además de recursos clave como carbón y gas. Andeg defendió la necesidad de una matriz energética complementaria que reconozca el papel de todas las tecnologías, incluidas las térmicas, para asegurar una transición viable, segura y sostenible. El llamado general del sector es a fortalecer la institucionalidad y establecer un marco regulatorio estable que estimule la inversión y responda a las necesidades energéticas de Colombia.

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