
Debate por la Ley de Financiamiento para el presupuesto de 2026



El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, aforado en $556,9 billones, enfrenta un desfinanciamiento de $26,3 billones que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca cubrir mediante una nueva reforma tributaria, denominada Ley de Financiamiento. La propuesta se centra en aumentar el recaudo a través de impuestos indirectos, como un IVA del 19% a la gasolina y al diésel, mayores gravámenes a bebidas alcohólicas, y un incremento en los impuestos al sector financiero, a la renta de personas de altos ingresos y al patrimonio. El Gobierno justifica la necesidad de la reforma argumentando un considerable hueco fiscal derivado del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), los subsidios a la energía y el gas, y el pago de un crédito del FMI adquirido durante la pandemia. Sin embargo, la propuesta ha generado un fuerte choque con la oposición, liderada por figuras como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y una amplia resistencia en el Congreso, que se muestra reticente a aprobar una segunda reforma tributaria en el actual cuatrienio. Ante la falta de avances en el debate legislativo sobre el monto del presupuesto, el Gobierno podría decretarlo unilateralmente. Diversos gremios económicos, especialmente del Huila, han rechazado el proyecto.
Sectores como el ganadero, cafetero, carbonífero y comercial advierten que la reforma desincentiva la inversión, eleva los costos de producción y afecta la competitividad.
Fenalco Huila y el Consejo Gremial del Huila sostienen que las empresas no soportan más impuestos y critican que no se opte por un recorte del gasto público, que según analistas ha crecido de manera desproporcionada, especialmente en burocracia y contratos por prestación de servicios.
Los expertos advierten sobre las graves consecuencias económicas si la reforma no es aprobada.
Un análisis de la Universidad de San Buenaventura plantea tres escenarios: si se aprueba totalmente, se lograría la estabilidad fiscal; si se aprueba parcialmente, se requerirían recortes de hasta $13 billones que afectarían la inversión regional; y si se rechaza, el recorte ascendería a $26 billones, impactando directamente subsidios a servicios públicos y combustibles, con riesgo de una rebaja en la calificación crediticia del país. Además, se estima que la reforma podría añadir hasta 0,44 puntos porcentuales a la inflación de 2026.
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