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Polémica por video íntimo de Beéle e Isabela Ladera desata debate legal en Colombia

La filtración de un video íntimo protagonizado por el cantante Beéle y la influenciadora Isabela Ladera ha desatado una fuerte polémica en redes sociales, abriendo un debate sobre la violencia digital y las graves consecuencias legales que enfrentan quienes difunden este tipo de material en Colombia.
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La controversia inició tras la viralización de una grabación íntima del cantante barranquillero Beéle y la modelo e influenciadora venezolana Isabela Ladera. Ladera confirmó la autenticidad del video, calificando su difusión como una "de las traiciones más crueles" y un acto de violencia contra las mujeres.

Anunció que ya está recibiendo asesoría legal y que ha iniciado acciones contra Beéle, sugiriendo su responsabilidad al afirmar que solo ellos dos tenían acceso al material. Una periodista señaló que Ladera también había comentado que se le había perdido el celular días antes. Por su parte, el equipo jurídico de Beéle emitió un comunicado en el que niega rotundamente la participación del artista en la filtración, posicionándolo también como una víctima de una grave violación a la intimidad. La defensa del cantante aseguró que han emprendido "acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos" para eliminar el contenido de las plataformas digitales y encontrar a los responsables de la divulgación y reproducción del video. El caso ha puesto de relieve las implicaciones legales de estos actos en el país. La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito tipificado en el Código Penal.

Aclaró que no solo quien filtra el video inicialmente comete un delito, sino también quienes lo replican o comparten.

Las penas para adultos pueden ir de 16 a 54 meses de cárcel y multas superiores a 13 salarios mínimos. En casos catalogados como "pornovenganza", la sanción podría ascender hasta 96 meses de prisión.

Si las víctimas son menores de edad, las penas son mucho más severas, de 10 a 20 años de cárcel. Los expertos legales recomiendan a las víctimas denunciar formalmente ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional.

Buitrago advirtió sobre el grave impacto psicológico de estos hechos, que en algunos casos han llevado a las víctimas al suicidio. El incidente ha generado un debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y la protección de la dignidad en el entorno virtual.

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