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Corte Constitucional dejó en firme la ley que prohíbe corridas de toros, corralejas y peleas de gallos en Colombia

La Corte Constitucional de Colombia ratificó una ley que prohíbe las corridas de toros y extendió la restricción a otras prácticas como las corralejas y las peleas de gallos. Esta decisión histórica ha desatado un intenso debate nacional sobre la cultura, la economía y el bienestar animal.
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La Corte Constitucional dejó en firme la Ley 2385 de 2024, que prohíbe de manera definitiva en Colombia las corridas de toros, novilladas, becerradas y el rejoneo. En una decisión calificada como histórica, el alto tribunal fue más allá y amplió el veto a las corralejas, las peleas de gallos y los toros coleados, al eliminar una excepción que permitía su realización.

La prohibición total entrará en vigor en julio de 2027, estableciendo un periodo de transición de tres años. La senadora Esmeralda Hernández, autora de la ley, aclaró que las cabalgatas no fueron incluidas en el fallo. La medida fue celebrada por defensores de los animales, congresistas impulsores de la ley como Juan Carlos Losada y la misma senadora Hernández, y el presidente Gustavo Petro, quien la calificó como una "reivindicación de la vida en todas sus formas". Los promotores del fallo argumentan que estas prácticas constituyen tortura animal, respaldándose en estudios científicos, y sostienen que la cultura debe evolucionar para garantizar el derecho de los animales a no sufrir. Sin embargo, la decisión generó opiniones divididas y una fuerte oposición de los gremios y comunidades que dependen económicamente de estas actividades. Comerciantes y asociaciones advierten sobre la pérdida de empleos directos e indirectos; por ejemplo, la Asociación de Gallos afirma que 290.000 familias dependen de este sector. Dirigentes políticos como el senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, acusaron a la Corte de "relegislar" y de acabar con una "forma de vida campesina" arraigada en regiones como los llanos orientales y la costa Caribe. Sectores como el del coleo, considerado deporte nacional, y el taurino de Manizales, anunciaron que tomarán acciones jurídicas. Durante el periodo de transición de tres años, el Gobierno deberá desarrollar planes de reconversión laboral y cultural para las personas afectadas. Esto incluye la realización de un censo y la creación de alternativas económicas. A pesar de esta disposición, algunos políticos como el senador Marcos Daniel Pineda proponen una regulación en lugar de la prohibición, buscando un equilibrio que transforme estas expresiones culturales sin eliminarlas por completo. El debate sobre el futuro de estas tradiciones y su impacto social y económico sigue abierto en el país.

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