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Bloqueos en Hidroeléctrica El Guavio Amenazan la Seguridad Energética de Colombia

La operación de la central hidroeléctrica más grande de Colombia, El Guavio, se encuentra en una situación crítica que amenaza el suministro de energía en todo el país. Bloqueos comunitarios impiden desde hace meses la realización de mantenimientos cruciales, generando una alerta máxima por un posible racionamiento.
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Desde el 1 de agosto de 2025, comunidades de los municipios de Ubalá, Gachalá, Gama, Gachetá y Junín, en Cundinamarca, mantienen bloqueos que impiden el acceso de personal y equipos a la Central Hidroeléctrica El Guavio. La protesta ha retrasado por más de 120 días labores de mantenimiento programadas, consideradas estratégicas para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, lo que ha encendido las alarmas en el Gobierno y los gremios del sector. El Guavio es la hidroeléctrica de mayor capacidad en Colombia, responsable de aportar entre el 6 % y el 8 % de la energía diaria al Sistema Interconectado Nacional, y más del 10 % de la energía hidroeléctrica del país. Su capacidad permite abastecer a cerca de dos millones de hogares. Gremios como la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y Andesco, junto con la empresa operadora Enel Colombia, han advertido que la imposibilidad de realizar el mantenimiento en la bocatoma podría causar daños irreversibles en las turbinas. Este escenario obligaría a una salida total de la central, lo que derivaría en un grave riesgo de racionamiento de energía, afectando principalmente a Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Meta y Guaviare. Las comunidades exigen la pavimentación de vías y la gratuidad del servicio de energía, peticiones que, según Enel, exceden su capacidad de gestión. En respuesta, el Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca han intentado destrabar la situación a través de múltiples espacios de diálogo, incluyendo al menos nueve Puestos de Mando Unificado (PMU) y asambleas. Se ha presentado una oferta institucional con inversiones cercanas a los $250.000 millones para infraestructura vial, la creación de veedurías ciudadanas y el impulso a proyectos de comunidades energéticas. Sin embargo, estas propuestas no han logrado el levantamiento de los bloqueos. Ante el fracaso de las negociaciones, tanto el Gobierno como el Consejo Gremial Nacional han hecho un llamado urgente para que se permita el paso y se privilegie el diálogo, insistiendo en que la seguridad energética del país es un interés general que debe prevalecer.

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