Gobierno pide extradición de Carlos Ramón González por escándalo de la UNGRD.

El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Justicia, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación iniciar los trámites para la extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien se encuentra prófugo en Nicaragua. La petición se fundamenta en un tratado bilateral de 1929 y cuenta con el respaldo del presidente Gustavo Petro, quien ha manifestado su interés en que el exfuncionario regrese al país para enfrentar a la justicia. González es señalado por la Fiscalía como el presunto cerebro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según un organigrama criminal presentado por el ente acusador, el exdirector del Dapre se encuentra en la cúspide de una “empresa criminal” dedicada al desvío de recursos públicos. Se le imputan los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, por presuntamente desviar al menos 4.000 millones de pesos para sobornar a congresistas a cambio de apoyo a iniciativas del Gobierno. Las investigaciones también se centran en las circunstancias de su fuga. González viajó a Nicaragua en septiembre de 2024 y, según se reveló, el 21 de mayo pasado logró renovar su estatus de residente en ese país el mismo día que la justicia colombiana lo citaba a imputación de cargos. Durante su estancia, se alojó en la residencia oficial del entonces embajador de Colombia en Managua, León Fredy Muñoz. Además, se conoció que un correo electrónico oficial de la embajada se utilizó para agilizar el trámite migratorio.

El ahora senador León Fredy Muñoz admitió haber recibido a González, a quien calificó como su amigo, pero negó haberle ayudado a evadir la justicia, argumentando que en ese momento no existía una orden de captura en su contra.

No obstante, se conoció que Muñoz había intercedido para que se le permitiera la entrada al país centroamericano. La viabilidad de la extradición es incierta, ya que depende de la voluntad del régimen de Daniel Ortega, existiendo la posibilidad de que se argumente una persecución política para negarla.