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Gobierno Petro habría autorizado importante recorte en su reforma tributaria y cambios sobre IVA a la gasolina

El Presupuesto General de la Nación para 2026 se encuentra en el centro de un intenso debate político en el Congreso, donde el Gobierno Nacional y diversas bancadas negocian el monto final y la viabilidad de una nueva reforma tributaria para financiarlo.
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El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha propuesto un Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 que asciende a aproximadamente $557 billones de pesos, el cual requiere una ley de financiamiento, o reforma tributaria, para recaudar cerca de $26 billones adicionales. Esta propuesta ha generado una fuerte discusión en el Congreso, donde diversos sectores políticos, incluyendo partidos de oposición como Cambio Radical y congresistas independientes, han manifestado su desacuerdo, argumentando que el monto está desfinanciado y se basa en supuestos inciertos. Desde el legislativo han surgido múltiples propuestas para recortar el presupuesto, con cifras que varían entre los $10, $26 y hasta $40 billones, con el objetivo principal de evitar o reducir la necesidad de aprobar nuevos impuestos en un año electoral. El Gobierno, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, inicialmente defendió la cifra completa, advirtiendo que una reducción afectaría la inversión social y el presupuesto de la Fuerza Pública. Sin embargo, ante la falta de consenso, el Ejecutivo ha mostrado disposición para negociar. En el marco de estos diálogos, el representante Wilmer Castellanos, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, anunció que el Gobierno habría accedido a un recorte de $10 billones en la reforma tributaria, lo que reduciría el presupuesto a $547 billones. Adicionalmente, se habría acordado eliminar de la propuesta fiscal el polémico incremento del IVA a los combustibles (gasolina y ACPM), debido a su impacto directo en la canasta familiar. A pesar de esta apertura, las negociaciones continúan, ya que algunos congresistas insisten en un recorte mayor que elimine por completo la necesidad de la reforma tributaria. La discusión contempla varios escenarios: que el Gobierno logre un acuerdo para un presupuesto reducido, que insista en su propuesta original y la expida por decreto si no hay acuerdo antes de las fechas límite, o que el Congreso imponga un recorte sustancial y tome control sobre la distribución de los recursos. El debate formal sobre el monto debe realizarse en las comisiones económicas conjuntas, con el 15 de septiembre como fecha límite para su definición.

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