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Exdirector de la DIAN advierte riesgos de la tributaria

El Gobierno Nacional ha presentado al Congreso una ambiciosa reforma tributaria que busca recaudar 26,3 billones de pesos adicionales, desatando un intenso debate sobre su impacto en la economía, la clase media y la viabilidad política de su aprobación.
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El proyecto de ley de financiamiento radicado por el gobierno de Gustavo Petro aspira a recaudar 26,3 billones de pesos para el presupuesto de 2026, lo que equivale al 1,5 % del PIB.

La iniciativa ha sido calificada por críticos, como el senador Carlos Julio González Villa, como inoportuna y excesiva, argumentando que desincentiva la inversión y desacelera una economía ya frágil.

La reforma plantea modificaciones estructurales para las personas naturales, con un aumento progresivo en el impuesto de renta que podría alcanzar una tarifa del 41 % para ingresos anuales superiores a 84 millones de pesos. Además, se propone la eliminación de la deducción por dependientes, lo que aumentaría la carga fiscal para las familias.

En cuanto al impuesto al patrimonio, se eleva el umbral para empezar a pagar a 3.585 millones de pesos, con tasas escalonadas de hasta el 5 %.

Una novedad es la fiscalización de activos digitales y criptomonedas, obligando a las plataformas de intercambio a reportar todas las transacciones a la DIAN. Entre las medidas más controvertidas se encuentra el aumento progresivo del IVA a los combustibles del 5 % al 19 %, lo cual, según expertos como el exdirector de la DIAN Lisandro Junco, tendría un carácter inflacionario al encarecer el transporte y la canasta familiar. Asimismo, se contempla un IVA del 19 % para actividades culturales, espectáculos, cerveza y licores.

El incremento en impuestos a licores y tabaco genera un dilema, pues si bien podría desincentivar su consumo, afectaría las rentas departamentales que financian salud y deporte.

Sectores como el financiero enfrentarían un impuesto de renta total del 50 %. El proyecto también incluye un impuesto de normalización tributaria, una amnistía temporal que permitiría a los contribuyentes declarar activos omitidos en el exterior con una tarifa del 15 %, sin sanciones penales. Con esta medida, el Ministerio de Hacienda espera recaudar 484.000 millones de pesos.

Sin embargo, el ambiente político en el Congreso es desfavorable para su aprobación, especialmente en un periodo preelectoral. Algunos analistas sugieren que el gobierno podría buscar que la reforma se hunda para así expedir el presupuesto por decreto.

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