
Estado reconoce al Clan del Golfo como Grupo Armado Organizado



Mediante la Resolución 294 del 5 de septiembre de 2025, firmada por el ministro del Interior con funciones delegatarias, Armando Benedetti, el Gobierno Nacional reconoció oficialmente al Clan del Golfo como un Grupo Armado Organizado (GAO). La decisión acoge la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y se fundamenta en la Ley 1908 de 2018, la cual establece que una organización puede ser clasificada como GAO si cuenta con un mando responsable, ejerce control territorial y tiene la capacidad de realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. El acto se apoya también en la Constitución, otras leyes como la 2272 de 2022 y jurisprudencia de la Corte Constitucional. Este reconocimiento implica la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) al EGC, lo que establece un marco para la regulación del conflicto y la protección de la población civil. Sin embargo, la resolución enfatiza que esta medida no otorga estatus político al grupo ni suspende las operaciones militares y policiales en su contra. Dichas operaciones continuarán, pero ahora enmarcadas en las normas del DIH. La oficialización del estatus de GAO se produce en medio de un “Espacio de Conversación Socio Jurídico” que el Gobierno mantiene con voceros del grupo en Catar desde 2024. Estos acercamientos buscan avanzar hacia un cese de hostilidades, reducir las afectaciones a los civiles y crear las condiciones para que sus integrantes transiten hacia la legalidad.
Cualquier acuerdo de sometimiento a la justicia será determinado por el Gobierno con el objetivo de lograr la pacificación y el control territorial. El Clan del Golfo, que según un informe para 2023 contaba con unos 13.000 miembros y presencia en más de 300 municipios, ha cambiado de nombre varias veces desde su creación tras la desmovilización de los paramilitares, habiéndose llamado Clan Úsuga y Autodefensas Gaitanistas de Colombia, entre otros. La resolución ordena informar a todas las autoridades competentes sobre la nueva categoría del grupo para su debido tratamiento en el marco jurídico colombiano.
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