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EN VIVO Centro Democrático realizará “Foro por el Futuro de Colombia”, en Cartagena

El panorama político colombiano se encuentra marcado por decisiones estratégicas de cara a las elecciones de 2026 y tensiones que abarcan desde las relaciones con Estados Unidos hasta procesos internos de nombramientos públicos. La posible candidatura de Álvaro Uribe al Senado y una eventual descertificación en la lucha antidrogas son algunos de los hechos que definen la coyuntura actual.
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El partido Centro Democrático se prepara para las elecciones de 2026 con varias movidas estratégicas. Recientemente, la colectividad organizó el “Foro por el Futuro de Colombia” en Cartagena, moderado por su líder, el expresidente Álvaro Uribe, y con la participación de sus cinco precandidatos presidenciales: las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín; el exdiputado Andrés Guerra; y el exsenador Miguel Uribe Londoño. La principal estrategia anunciada es la inclusión de Álvaro Uribe en la lista cerrada al Senado para 2026, ocupando el puesto número 25. Esta decisión, sin embargo, está condicionada a la resolución de sus procesos judiciales pendientes.

Uribe enfrenta una condena en primera instancia de 12 años de prisión domiciliaria e inhabilidad para ejercer cargos públicos, la cual se encuentra en apelación. La inclusión en la lista busca capitalizar su peso político y cohesionar al partido, mientras que la posición y la lista cerrada pretenden proteger la campaña ante una eventual confirmación de la condena. En el ámbito internacional, Colombia enfrenta la alta probabilidad de ser descertificada por Estados Unidos en la lucha antidrogas.

Según el analista Adam Isaxson, esta medida tendría un carácter principalmente político, derivado de los desacuerdos con el gobierno del presidente Petro.

No obstante, Isaxson prevé que Washington suspendería las sanciones económicas, por lo que el impacto sería más simbólico que práctico.

Las consecuencias se limitarían a un voto en contra de EE. UU. en bancos multilaterales, lo cual no es determinante, y a un mensaje político de desaprobación.

La cooperación en seguridad con las fuerzas armadas y la policía no se vería afectada significativamente.

A nivel institucional, el gobierno suspendió el concurso público de méritos para nombrar a 300 notarios en propiedad. La decisión se tomó tras advertencias de la Procuraduría General de la Nación sobre irregularidades procesales y falta de transparencia, denuncias del presidente Gustavo Petro sobre presuntos sobornos millonarios por cada cupo, y limitaciones presupuestales informadas por el Ministerio de Hacienda. Esta suspensión retrasa la renovación en el cuerpo notarial y genera un debate sobre la necesidad de garantizar la meritocracia en los nombramientos públicos.

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