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Senador de EE.UU. lanza dura advertencia al régimen de Maduro, «Maduro debería dormir con los ojos abiertos»

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado a un nivel crítico, con un masivo despliegue militar en el Caribe que amenaza la estabilidad regional y genera serias implicaciones para Colombia.
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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el despliegue de 25.000 efectivos militares en la frontera con Colombia y en la costa caribeña, incluyendo medios navales, fluviales y drones. Esta movilización es una respuesta a las operaciones de Estados Unidos en la zona, que incluyeron un ataque a una embarcación que dejó 11 presuntos miembros del Tren de Aragua muertos. La presencia militar estadounidense es significativa, con siete buques de guerra, un submarino nuclear, aviones de combate F-35 y más de 4.000 marines. La tensión aumentó después de que dos aviones F-16 venezolanos sobrevolaran un buque de guerra estadounidense.

El presidente Donald Trump ha mantenido el misterio sobre posibles ataques militares directos contra carteles en Venezuela, respondiendo con un "Ya lo descubrirás" a la prensa.

La administración Trump justifica su despliegue como una operación antinarcóticos, acusando a Maduro de liderar el "Cartel de los Soles", por quien ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Sin embargo, analistas sugieren que la operación también busca disuadir a los "petroleros fantasma" que ayudan a Venezuela a evadir sanciones.

Maduro rechaza las acusaciones, calificándolas de maniobras políticas y ha movilizado a sus fuerzas en un llamado a la resistencia.

Esta confrontación tiene repercusiones directas en Colombia.

La Casa Blanca debe decidir si renueva la certificación antidrogas, un apoyo multimillonario para las fuerzas militares colombianas. La postura del presidente Gustavo Petro, quien calificó el ataque estadounidense a la lancha como una violación al derecho internacional y supeditó la colaboración a su respeto, ha generado incertidumbre sobre la decisión de Washington. La situación ha provocado una disputa interna en Colombia.

Alcaldes de ciudades como Medellín, Bogotá y Cali anunciaron su intención de viajar a Washington para mediar y evitar la descertificación. El presidente Petro y la Embajada de Colombia en EE.

UU. han cuestionado esta iniciativa, afirmando que los alcaldes no están autorizados para representar al país y que politizan un tema de interés nacional. Los mandatarios locales, como Federico Gutiérrez, sostienen que viajan en calidad de alcaldes para proteger la seguridad y economía de sus ciudades.

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