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El espejismo de reactivar el petróleo colombiano

La política energética del gobierno colombiano, centrada en la suspensión de la exploración de hidrocarburos y la propuesta de importar gas desde Venezuela, enfrenta fuertes críticas que advierten sobre las inconsistencias de estas medidas y su impacto en el deterioro institucional de Ecopetrol.
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La actual política energética de Colombia, marcada por la decisión del gobierno de Gustavo Petro de no adjudicar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos para avanzar en la descarbonización, ha generado una fuerte controversia. Analistas califican esta medida como un error que compromete el futuro fiscal y energético del país, señalando que ha provocado una caída en la actividad exploratoria y en la producción nacional de gas, lo que a su vez incrementa la dependencia de importaciones más costosas. En medio de este panorama, el ministro de Minas y Energía, Édwin Palma, ha propuesto “reactivar el suministro de gas desde Venezuela”. Esta idea ha sido rebatida por expertos como el exministro Amylkar Acosta, quien recuerda que Venezuela nunca ha suministrado gas a Colombia y, de hecho, incumplió un contrato previo en el que debía hacerlo.

La viabilidad del plan enfrenta obstáculos significativos, incluyendo la necesidad de rehabilitar la infraestructura, la falta de capacidad financiera de PDVSA y, crucialmente, las sanciones impuestas por Estados Unidos, para las cuales Ecopetrol solicitó una autorización a la OFAC en 2022 sin obtener respuesta.

Las contradicciones internas del gobierno y Ecopetrol sobre este asunto son notables.

Mientras el ministro Palma sugiere que la importación podría realizarse sin la participación de Ecopetrol, la presidenta de la junta directiva de la petrolera, Mónica de Greiff, ha declarado que es imposible importar gas venezolano debido a las sanciones. Esto choca con la orden del propio presidente Petro, quien ha instado públicamente a Ecopetrol a importar gas para fomentar la competencia.

Esta situación se enmarca en un contexto de presunto deterioro institucional en Ecopetrol bajo la presidencia de Ricardo Roa. Se reporta una caída del 46 % en la utilidad neta de la empresa en el segundo trimestre de 2025 en comparación con el año anterior, así como una disminución en el valor de sus acciones. Adicionalmente, se cuestiona la pérdida de independencia de su junta directiva y la incursión en negocios de rentabilidad incierta, como la posible compra de Monómeros. Mientras tanto, Ecopetrol avanza en proyectos de regasificación en el Pacífico y La Guajira.

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