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EE. UU. despliega fuerzas en el Caribe y acorrala a Maduro tras señalamientos por narcotráfico

El reciente despliegue de una flota naval estadounidense en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, ha desatado un intenso debate sobre las verdaderas intenciones de Washington. Mientras la Casa Blanca lo justifica como una operación crucial contra el narcotráfico, diversas voces en la región lo denuncian como una excusa para una intervención militar y la reafirmación del dominio neocolonial.
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La administración de Donald Trump ha movilizado una significativa fuerza naval, incluyendo los buques USS San Antonio, USS Fort Lauderdale y USS Iwo Jima, con miles de efectivos, en aguas internacionales cercanas a Venezuela. La justificación oficial es combatir al “Cartel de los Soles”, una organización que Washington califica de terrorista y acusa de ser liderada por el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Esta estrategia, diseñada por el secretario de Estado Marco Rubio, busca asfixiar financieramente al régimen venezolano cortando sus ingresos ilícitos provenientes del tráfico de drogas, oro y petróleo, con el objetivo de forzar una transición democrática. Como parte de esta ofensiva, el Departamento de Justicia ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro.

En contraposición, varios análisis califican la operación como una fachada para una agenda imperialista. Según esta perspectiva, la “guerra contra las drogas” es un pretexto para reafirmar la hegemonía estadounidense en la región, en línea con la Doctrina Monroe, y asegurar el control sobre rutas comerciales y energéticas estratégicas.

Se argumenta que esta movilización es una respuesta al declive del poder de EE.

UU. y a la creciente influencia de China y Rusia en América Latina.

Esta visión crítica recuerda que iniciativas previas como el Plan Colombia y el Plan Mérida no redujeron el narcotráfico, pero sí incrementaron la presencia militar estadounidense y resultaron en graves violaciones de derechos humanos. El despliegue se enmarca en un contexto de alta tensión geopolítica y presiones sobre otros gobiernos de la región, como los de México y Colombia, para que se alineen con la agenda de seguridad de Washington.

La estrategia representa un cambio desde la delegación del control a fuerzas locales hacia una intervención militar directa.

Además, se señala que las sanciones económicas impuestas por EE.

UU. han agravado la crisis humanitaria en Venezuela, generando una migración que luego es utilizada por Washington como justificación para una mayor militarización. La operación es vista por algunos como el mayor despliegue en la zona desde la invasión a Panamá en 1989, diseñada para disciplinar a toda la región y derrocar al gobierno venezolano.

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