
Keralty celebra fallo constitucional que declara ilegal intervención a EPS Sanitas y exige reparaciones al gobierno



El 8 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo histórico que declaró ilegal la intervención estatal sobre la EPS Sanitas, calificándola de arbitraria e injusta. La medida, que se mantuvo vigente durante 17 meses, fue revertida por el alto tribunal, que ordenó la restitución inmediata del control de la entidad a su empresa matriz, el grupo Keralty. Tras la decisión, Keralty celebró el fallo y, a través de un manifiesto titulado “Un grito por la verdad, la justicia y la reconstrucción”, denunció que la intervención fue una “persecución institucional” y una “estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud”. El presidente de la compañía, Joseba Grajales Jiménez, señaló que la administración estatal provocó graves afectaciones, como abandono de pacientes, escasez de medicamentos y el colapso de las redes de atención, generando un daño que en muchos casos considera “irreparable”. En su comunicado, Keralty planteó una serie de exigencias al Gobierno Nacional.
En primer lugar, el cumplimiento inmediato e integral del fallo constitucional.
Adicionalmente, solicitó una reparación efectiva del daño causado a usuarios, trabajadores y prestadores de servicios; el pago de las deudas pendientes con las EPS para garantizar la estabilidad financiera del sector; el cese de lo que calificaron como campañas de desinformación; y la implementación de garantías institucionales para que un hecho similar no se repita. Grajales enfatizó que la compañía “no busca venganza, pero sí justicia”, y exigió que los responsables de la intervención rindan cuentas ante los tribunales. Keralty anunció el inicio de una etapa de reconstrucción para restablecer los servicios y recuperar la confianza de sus afiliados, advirtiendo que será un proceso que requerirá un “esfuerzo titánico” y la colaboración de todos los actores del sistema de salud.
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