SAE entrega oficialmente Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud: más de 800 establecimientos

La cadena de farmacias Drogas La Rebaja, históricamente vinculada al Cartel de Cali, pasó a ser controlada por el Estado colombiano para convertirse en una red pública de distribución de medicamentos. Esta histórica transferencia busca transformar un símbolo del narcotráfico en una herramienta para la salud pública del país.

Tras un largo proceso judicial, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) oficializó la entrega de la cadena de farmacias Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud y Protección Social. Con esta decisión, el Gobierno Nacional asume el control total de la marca, sus activos, registros mercantiles y más de 880 establecimientos comerciales distribuidos en todo el territorio nacional, cerrando así un capítulo oscuro de la historia empresarial del país. Drogas La Rebaja fue fundada en la década de los ochenta por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del Cartel de Cali, y funcionó como una fachada para el lavado de millonarios activos provenientes del narcotráfico. El proceso de extinción de dominio sobre la compañía inició formalmente en 2016 y, tras varios años de litigios, el Tribunal Superior de Bogotá decretó en julio de 2022 que el control total de la farmacéutica pasara a manos del Estado. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, explicó que el objetivo es convertir a Drogas La Rebaja en un "agente farmacéutico del Estado". La intención es que la extensa red de locales sirva como un operador logístico público para garantizar la distribución y el acceso a medicamentos en todo el país, especialmente en las regiones más apartadas y con menor cobertura de las EPS. Esta estrategia se alinea con la reforma a la salud impulsada por el gobierno actual. El presidente Gustavo Petro reafirmó que la empresa ahora debe ser una "institucionalidad pública" al servicio de la población más necesitada. Con la transferencia, el Estado enfrenta el desafío de definir un modelo de gestión eficiente y transparente que permita transformar lo que fue un emporio criminal en un instrumento de equidad y servicio para la salud de los colombianos. Por el momento, se ha informado que los locales seguirán operando sin afectar a empleados ni usuarios mientras se define el plan de reconversión.

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