Defensa del expresidente Álvaro Uribe cuestiona cuestiona a la jueza Sandra Heredia tras condena a 12 años

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, encabezada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, radicó formalmente el 13 de agosto de 2025 un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. El documento, de más de 900 páginas, busca revocar la condena a 12 años de prisión domiciliaria y una multa de 3.444 millones de pesos, impuesta por la jueza 44 Penal del Circuito, Sandra Heredia, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La defensa solicita la absolución de Uribe y que se le permita defenderse en libertad. Los argumentos centrales de la apelación se centran en presuntas violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia. Los abogados sostienen que la jueza Heredia incluyó en su fallo connotaciones políticas, emotivas e ideológicas ajenas al caso, lo que denotaría un "ánimo reivindicativo".

Además, cuestionan la admisión de interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena, por considerar que vulneran el secreto profesional. Acusan también al juzgado de aplicar un doble estándar en la valoración probatoria, privilegiando las pruebas de la Fiscalía y descartando sin justificación las presentadas por la defensa. Esta acción legal se suma a otros intentos fallidos por revertir la detención, como una tutela y un recurso de habeas corpus que fueron negados. El expresidente se encuentra cumpliendo la medida de aseguramiento en su residencia de Rionegro, Antioquia, desde principios de agosto de 2025. La solicitud de la defensa fue respaldada por el procurador delegado para el caso, Bladimir Cuadro Crespo, quien también pidió al Tribunal que revoque la condena. El futuro del caso está en manos de una sala de tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, que se dedicarán exclusivamente a estudiarlo. Deberán emitir una decisión de segunda instancia antes de que el proceso prescriba, fecha que los artículos sitúan entre el 8 y el 15 de octubre de 2025. Si para entonces no hay un fallo definitivo, la condena de primera instancia perderá validez y el expresidente quedaría en libertad.