Corte Suprema cita a Sneyder Pinilla en investigación a presidente de la Comisión Primera del Senado

La justicia colombiana avanza en investigaciones de alto perfil que involucran a figuras políticas, destacando los testimonios clave en el escándalo de la UNGRD ante la Corte Suprema y una sanción del Consejo de Estado a un exgobernador por tácticas dilatorias.

El entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entra en una fase crucial con las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, ante la Corte Suprema de Justicia. Pinilla, considerado uno de los cerebros del desvío de recursos, testificará contra ocho congresistas entre el 25 de agosto y el primero de septiembre. Sus testimonios son considerados clave en el proceso, especialmente después de que un juez aprobara un principio de oportunidad que le concede inmunidad parcial a cambio de colaborar en la investigación contra al menos veintitrés personas, incluyendo altos funcionarios.

Las diligencias, a cargo de los magistrados Cristina Lombana y Misael Rodríguez, se centran en las acusaciones contra los senadores Julio Elías Chagüi y Martha Peralta Epieyú. A Chagüi se le investiga por su presunto interés en el direccionamiento de un contrato en Sahagún, Córdoba, por un valor de hasta 35.000 millones de pesos, en un caso que también salpica al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Por su parte, la senadora Peralta es señalada de interesarse indebidamente en un contrato de más de 2.170 millones de pesos en La Guajira. Según la Fiscalía, Peralta se reunió en la UNGRD con el exdirector Olmedo López y contratistas. Este escándalo ya ha resultado en la detención del expresidente del Senado, Iván Name, y del expresidente de la Cámara, Andrés Calle. En un caso separado, la Sección Quinta del Consejo de Estado impuso una multa de cinco salarios mínimos mensuales al exgobernador del Magdalena, Rafael Martínez. La sanción se debe a que el exmandatario incurrió en “maniobras dilatorias” al interponer recursos de adición y aclaración sin fundamento. Según el alto tribunal, el objetivo de Martínez era evitar que el fallo que anuló su elección como gobernador cobrara firmeza, considerando sus acciones como un disenso contra la decisión judicial y no como dudas legítimas.