Consejo de Estado tumba orden sobre cómo destinar la pauta oficial

La Sección Tercera del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de la Directiva Presidencial 11 de 2024, la cual ordenaba a las entidades del orden nacional, como ministerios y departamentos administrativos, destinar el 33 % de su presupuesto para pauta publicitaria a medios comunitarios, alternativos, digitales e influenciadores. La decisión se tomó como una medida cautelar mientras se estudia a fondo la legalidad de la norma. La suspensión responde a una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, que argumentó que la directriz era inconstitucional y excedía las facultades del presidente. El alto tribunal consideró que la medida podría vulnerar principios esenciales del estatuto de contratación estatal, como la libre competencia, la igualdad y el principio de publicidad. Según el consejero ponente, Alberto Montaña Plata, la directiva "prefiere a unos sobre otros, lo que en la práctica, no es otra cosa que un quebrantamiento de la igualdad de condiciones en el mercado público de los contratos estatales". El Gobierno había defendido la iniciativa como un mecanismo para contrarrestar la narrativa crítica de los medios tradicionales. Sin embargo, los artículos señalan que la mayoría de los medios comunitarios aseguran no haber recibido los recursos prometidos y, en cambio, crecieron las denuncias sobre el uso de la pauta estatal para financiar encuentros con influenciadores afines al Ejecutivo. Tras conocer la decisión, el presidente Gustavo Petro la rechazó y la calificó como un abuso a la libertad de prensa. Esta decisión judicial podría sentar un precedente clave sobre el uso político de la pauta oficial.

El debate se intensifica en un contexto en el que el presidente instó recientemente a sus ministros a pautar más los logros del gobierno con miras al 2026.