
Congresista propone recortar $6 billones al presupuesto nacional de 2026



El Gobierno Nacional y el Congreso de la República han retomado las conversaciones para definir el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2026. Se espera que la ponencia con la cifra definitiva se conozca este miércoles 10 de septiembre, mientras que el plazo máximo para que el Legislativo determine el tamaño del presupuesto es el 15 de septiembre. La discusión se centra en la propuesta inicial del Gobierno, que asciende a 556,9 billones de pesos. Sobre la mesa de negociación existen varios escenarios.
El primero es aprobar el monto original solicitado por el Ejecutivo. Una segunda alternativa, recomendada inicialmente por el Comité Autónomo de Regla Fiscal (CARF), propone un recorte de 39,5 billones de pesos. Algunos congresistas desglosan esta cifra en 26,3 billones que dependerían de la reforma tributaria y otros 13,2 billones que consideran una sobreestimación de los ingresos proyectados. Una tercera propuesta, liderada por la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, busca fijar el presupuesto en 550 billones de pesos, lo que implica una reducción de 6 billones, la cual, según la congresista, debería aplicarse a los gastos de funcionamiento y no a la inversión. El debate cuenta con la participación del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien se ha mostrado abierto al diálogo, así como de congresistas clave como el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Wilmer Castellanos, quien aboga por una cifra "más sensata y real". Existe un ambiente mayoritario en el Congreso a favor de reducir el monto propuesto por el Gobierno para evitar aplazamientos o recortes a ministerios como ocurrió en 2025.
En las reuniones también han participado los ministros de Minas y Energía, Ciencias e Igualdad.
La definición del presupuesto está directamente ligada al futuro de la tercera reforma tributaria del gobierno, con la que se espera recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el PGN. El ministro Ávila ha advertido que si la reforma no es aprobada en el Congreso, el Ejecutivo se verá obligado a aplicar una "reducción general muy importante" al presupuesto, afectando programas clave.
De este modo, un presupuesto más pequeño requeriría una reforma tributaria de menor magnitud.
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