Con tijeretazo, Gobierno de Gustavo Petro cobra independencia de la defensora del pueblo

Las divisiones internas en el partido Colombia Humana y las crecientes tensiones entre el Gobierno Nacional y diversos sectores institucionales y gremiales marcan el panorama político actual de Colombia, evidenciando desafíos en la consolidación de su proyecto político y en la estabilidad institucional.

El partido Colombia Humana, en su proceso de consolidación como una fuerza unificada de izquierda dentro del Pacto Histórico, enfrenta importantes conflictos internos para la definición de sus candidatos a la Cámara de Representantes. En el Meta, la habilitación de José Manuel Sandoval, respaldado por el exalcalde Felipe Harman, ha generado rechazo en sectores de la militancia que critican la falta de representatividad de la asamblea que lo avaló y lo tildan de “nuevo Manguito”. De manera similar, en el Huila, la precandidata Sonya Smith Caviedes Losada ha denunciado presuntas irregularidades en el proceso de selección. En contraste, en una asamblea en Cereté, se ratificó la candidatura de Luis Fernando Ballesteros como el único aspirante aprobado hasta el momento, aunque el proceso sigue abierto para otros precandidatos antes de la consulta interna del 26 de octubre de 2025. Paralelamente, el Gobierno Nacional enfrenta acusaciones de represalias contra instituciones que demuestran independencia.

La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Iris Marín, ha sido objeto de un recorte presupuestal que se interpreta como un “cobro” por sus posturas críticas. Marín ha cuestionado públicamente al presidente Gustavo Petro por calificar a periodistas como “muñecas de la mafia”, la designación de exparamilitares como gestores de paz y el deterioro del sistema de salud. El Gobierno propuso una reducción del 9,7 % al presupuesto de la entidad para 2026, lo que generaría un déficit de 130.000 millones de pesos y pondría en riesgo programas clave. Esta medida, que contrasta con el aumento presupuestal para la Presidencia y el Ministerio del Interior, ha generado preocupación en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El clima de tensión se extiende al sector gremial. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, negó rotundamente las acusaciones del presidente Petro sobre un supuesto intento de “golpe de Estado”, calificando las palabras del mandatario como “irresponsables” y defendiendo el rol institucional de su organización. Mac Master también expresó su preocupación por el complejo panorama de seguridad en el país, el crecimiento de grupos criminales y la limitada capacidad de las fuerzas militares, cuestionando la ejecución presupuestal del Gobierno en esta materia. Finalmente, criticó el dilema económico que plantea el Ejecutivo con un presupuesto récord y una nueva propuesta de reforma tributaria, mientras no se perciben mejoras en áreas fundamentales.

Artículos

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