
Con nuevo decreto, Gobierno Petro reviviría mayor carga en tarifas de energía para empresas: así aplicaría



El Gobierno de Gustavo Petro publicó el 25 de agosto de 2025 un borrador de decreto que busca modificar la contribución de solidaridad en el servicio de energía. La propuesta consiste en eliminar la exención de una sobretasa del 20 % que beneficiaba a varios sectores industriales desde la expedición de la Ley 1430 de 2010.
De aprobarse, sectores como el agropecuario, minería, petróleo, construcción, comunicaciones y servicios públicos volverían a pagar esta contribución.
El beneficio se mantendría únicamente para la industria manufacturera, definida por los códigos 101 al 332 de la clasificación CIIU. El Ministerio de Hacienda justifica la medida en la necesidad de generar un ahorro fiscal, estimado entre $1,2 y $1,4 billones de pesos anuales, para reducir el déficit del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso. Según el Gobierno, estos recursos son necesarios para garantizar los subsidios a los hogares de estratos 1, 2 y 3 y aliviar la presión sobre el Presupuesto General de la Nación. La decisión de proteger a la industria manufacturera se basa en que, según análisis oficiales, este sector tiene menores márgenes de rentabilidad (4,4 % en 2023) en comparación con otros como la minería (9,8 %), lo que lo hace más vulnerable a un aumento de costos.
La propuesta ha encontrado una fuerte oposición. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), advirtió que la medida restará competitividad a sectores clave de la economía. Castañeda argumentó que el problema de fondo no es la falta de recursos, sino la mala focalización de los subsidios, que presentan "errores de inclusión" de hasta un 65 %. En su lugar, propone corregir estas ineficiencias en vez de aumentar la carga sobre el sector productivo. Por su parte, el exministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, calificó la iniciativa como una respuesta a la "urgencia fiscal" que podría desincentivar la inversión a largo plazo.
El proyecto de decreto se encuentra actualmente en un periodo de consulta pública para recibir comentarios y observaciones durante aproximadamente 15 días hábiles.
Si la norma es adoptada formalmente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sería la entidad encargada del recaudo y control del aporte.
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