
Presidente Petro denuncia “presiones indebidas” en el proceso judicial de su hijo Nicolás Petro



La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió formalmente un proceso penal contra el presidente Gustavo Petro por los presuntos delitos de injuria y calumnia. La investigación se originó por una denuncia interpuesta por Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a raíz de señalamientos del mandatario que vinculaban a su familia con supuestos intereses indebidos en la gestión de la Nueva EPS y la Cámara de Comercio de Bogotá. Como parte del procedimiento, la Comisión citará a Vargas Lleras para que ratifique su denuncia.
La decisión de abrir el proceso se produjo después de que el denunciante demandara a los congresistas investigadores por presunto prevaricato por omisión, debido a la demora en el trámite. Este caso se suma a una confrontación previa entre el presidente y la familia Vargas Lleras. El Consejo de Estado ya había ordenado a Petro retractarse de sus afirmaciones sobre un supuesto ocultamiento de deudas de $5 billones en la Nueva EPS, por considerar que vulneraban la honra y el buen nombre de Enrique Vargas Lleras. Aunque el presidente emitió una rectificación, argumentando que sus palabras eran una réplica política, la Comisión admitió la denuncia penal.
Los representantes investigadores designados para el caso son Daniel Restrepo Carmona, Karyme Adriana Cotes Martínez y Juan Carlos Wills Ospina.
Paralelamente, el presidente Petro denunció públicamente la existencia de “presiones indebidas” en el proceso judicial que se adelanta contra su hijo, Nicolás Petro. A través de la red social X, el jefe de Estado aseguró que, si bien ha cumplido su promesa de no intervenir, ahora debe exponer abusos. Señaló una supuesta “coalición mafiosa” dentro de la Fiscalía General de la Nación y acusó directamente al exfiscal Francisco Barbosa y a la precandidata presidencial Vicky Dávila. Petro cuestionó que Dávila tuviera conocimiento anticipado de una nueva imputación contra su hijo, anunciándola horas antes que la propia Fiscalía, lo que consideró una ruptura de las garantías procesales.
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