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Crece expectativa en Colombia por decisión de EE.UU. sobre certificación antidrogas

Colombia enfrenta horas decisivas ante la inminente decisión del gobierno de Estados Unidos sobre la certificación de su lucha antidrogas, un veredicto que podría redefinir las relaciones bilaterales y la estrategia contra el narcotráfico en la región.
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El 15 de septiembre de 2025 es la fecha límite para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notifique al Congreso si Colombia cumple con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico. La expectativa crece en medio de un contexto complejo, marcado por un aumento del 10 % en los cultivos de hoja de coca en 2023 y tensiones políticas entre la administración de Gustavo Petro y la Casa Blanca, en parte por la cercanía del gobierno colombiano con el régimen de Nicolás Maduro. Una eventual descertificación, la primera desde 1996 durante el gobierno de Ernesto Samper, podría acarrear graves consecuencias. La cooperación bilateral anual en seguridad, desarrollo y asistencia técnica quedaría suspendida, afectando también el acceso a créditos en organismos multilaterales como el Banco Mundial, la inversión extranjera, el comercio y el turismo. La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) advirtió sobre un impacto severo en la capacidad del Estado para combatir el narcotráfico, con posibles pérdidas de hasta 1.000 millones de dólares en divisas. Frente a este panorama, el gobierno colombiano ha defendido su estrategia, destacando los logros en la confiscación de drogas y el desmantelamiento de laboratorios durante el primer semestre del año. El embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, sostuvo que una descertificación solo beneficiaría a los grupos criminales.

Por su parte, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio calificó la posible decisión como “política” y defendió la soberanía nacional, aunque reconoció la necesidad de mantener el diálogo binacional. El analista internacional Adam Isaxson, de Wola, considera probable que Colombia sea descertificada, pero sin la aplicación de las sanciones más severas. Según Isaxson, la medida tendría un carácter principalmente político y simbólico, para expresar el desacuerdo de Washington con las políticas del presidente Petro. El experto aclaró que la cooperación en seguridad con la policía y las fuerzas armadas probablemente continuaría, mientras que los recortes afectarían principalmente a programas sociales y de desarrollo. Además, señaló que un voto en contra de EE. UU. en bancos multilaterales no sería determinante, y que la postura de Washington podría cambiar con un nuevo gobierno en Colombia.

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