Colombia pidió a Nicaragua reconsiderar asilo político otorgado a Carlos Ramón González

Nicaragua negó la solicitud de extradición de Colombia para Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y en su lugar le otorgó asilo político. González es requerido por la justicia colombiana por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), enfrentando una orden de captura por los delitos de peculado por apropiación, cohecho y lavado de activos. El gobierno de Daniel Ortega justificó su decisión amparándose en la Constitución nicaragüense y en tratados internacionales sobre derechos humanos. Según Managua, González solicitó protección alegando ser víctima de una "persecución política, judicial y mediática, impulsada por la extrema derecha colombiana" debido a su trayectoria de izquierda y su cercanía con el presidente Petro. La normativa nicaragüense prohíbe la expulsión de una persona asilada a un país donde su vida o libertad estén en riesgo por sus opiniones políticas. El Gobierno de Colombia, a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, expresó su total desacuerdo y solicitó a Nicaragua reconsiderar y revocar la medida. En un comunicado conjunto, las autoridades colombianas argumentaron que la figura del asilo no es aplicable a personas investigadas por delitos comunes, como es el caso de González. Además, señalaron que la decisión nicaragüense desconoce el Tratado de Extradición vigente entre ambos países desde 1929.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la acción como "inamistosa y agresiva".

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la negativa, atribuyéndola a razones políticas e históricas.

Mencionó que el presidente Ortega "no lo quiere" por sus críticas al régimen sandinista y recordó que González, como exmiembro del M-19, combatió en Nicaragua contra la dictadura de Somoza. La situación ha generado críticas internas en Colombia, con señalamientos sobre una presunta ayuda de funcionarios del gobierno Petro para que González permaneciera en Nicaragua, acusaciones que el Ejecutivo ha negado. La negativa de extradición complica el avance del proceso judicial y abre un debate sobre el uso del asilo político como posible refugio para evadir la justicia por corrupción.