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Obstáculos en Colombia para controlar “Wall Street” de la cocaína y lograr paz con inversión social

Colombia se encuentra a la expectativa de la decisión del gobierno de Donald Trump sobre la certificación en la lucha antidrogas, un veredicto que definirá el futuro de la cooperación bilateral y agudiza las tensiones políticas internas.
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Antes del 15 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos decidirá si certifica a Colombia como un aliado en la lucha contra el narcotráfico, una determinación de carácter político influenciada por las tensas relaciones entre las administraciones de Donald Trump y Gustavo Petro. De esta decisión dependen asuntos cruciales de seguridad y defensa, incluyendo una cooperación de aproximadamente 450 millones de dólares anuales que financia operaciones, equipamiento e inteligencia para la fuerza pública colombiana.

Los posibles escenarios van desde una descertificación dura hasta una certificación completa, aunque los expertos consideran improbables ambos extremos. Las opciones más viables son una descertificación moderada o una certificación por exención de interés nacional.

Un escenario severo podría implicar un recorte de hasta el 70 % de los recursos de cooperación, afectando gravemente la capacidad operativa del Estado, especialmente el despliegue aéreo de la Policía y las Fuerzas Militares. No obstante, analistas señalan que una medida tan drástica también perjudicaría los intereses de Washington, al debilitar a un socio estratégico extra-OTAN en una zona geográfica clave para el control del narcotráfico.

La situación plantea un dilema para el gobierno colombiano, que debe decidir entre retomar políticas exigidas por EE.

UU., como la erradicación forzada masiva de cultivos de coca, o insistir en estrategias alternativas como la interdicción, a pesar de que los cultivos ilícitos se encuentran en máximos históricos con más de 252.000 hectáreas. Aunque el gobierno Petro ha alcanzado cifras récord de incautación de cocaína, con 960 toneladas el año pasado, esta estrategia no es tan valorada en Washington.

Las señales del ejecutivo han sido ambiguas, aumentando recientemente la erradicación forzada, pero manteniendo una postura crítica frente a la política antidrogas tradicional. La incertidumbre ha exacerbado las tensiones políticas en Colombia. Mientras la embajada y altos mandos militares exhiben en Washington los logros del gobierno Petro, alcaldes de oposición como Alejandro Eder de Cali y Federico Gutiérrez de Medellín viajaron a la capital estadounidense para advertir sobre las consecuencias de una posible descertificación. El presidente Petro calificó esta iniciativa como una "usurpación de funciones", evidenciando la profunda división interna que genera la relación con Estados Unidos en vísperas de una decisión crucial.

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