
¿Álvaro Uribe, candidato al Senado? Los escenarios jurídicos y la estrategia política detrás de esta movida del Centro Democrático



El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, confirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez será candidato al Senado de la República en las elecciones legislativas de 2026, ocupando el puesto 25 en la lista cerrada de la colectividad. Según Vallejo, la propuesta fue iniciativa del propio exmandatario y el partido la recibió como un honor, con el objetivo estratégico de que su figura impulse la votación y permita alcanzar al menos 25 curules. La candidatura está condicionada por la situación judicial de Uribe, bajo la premisa de que se materializará "si los temas judiciales se lo permiten". Actualmente, el expresidente enfrenta una condena en primera instancia a 12 años de prisión por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, fallo que incluye una inhabilidad para ejercer cargos públicos por ocho años. Sin embargo, como la sentencia está en proceso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá y no se encuentra en firme, legalmente podría postularse. Existe un debate entre juristas sobre si una eventual confirmación de la condena en segunda instancia lo inhabilitaría de inmediato o si un recurso de casación podría extender su habilitación. Esta jugada es vista como una estrategia para fortalecer al Centro Democrático, que vio una disminución en su representación en el Congreso en las elecciones de 2022, cuando Uribe no estuvo en la lista. En comicios anteriores, como los de 2014 y 2018, su presencia fue clave para que el partido obtuviera 19 senadores.
Al ser una lista cerrada, la presencia de Uribe busca arrastrar votos para toda la colectividad. El resto de los candidatos de la lista serán definidos por un comité evaluador basado en criterios como formación, reputación y representatividad. El anuncio ha generado reacciones diversas en el espectro político. Mientras el partido lo considera un gesto de compromiso de su líder en un momento difícil para el país, sectores de izquierda como el Pacto Histórico han calificado la movida como una estrategia para buscar fuero e impunidad.
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