Casi dos años después el Consejo de Estado deja sin alcalde a Bucaramanga por doble militancia

La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó en segunda instancia la anulación de la credencial de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga para el periodo 2024-2027, al encontrarlo responsable de incurrir en doble militancia. El alto tribunal determinó que, a pesar de contar con el aval del partido Colombia Justa Libres, Beltrán apoyó de manera inequívoca a candidatos al Concejo de otras agrupaciones políticas durante la campaña electoral de 2023, una conducta prohibida por la ley. La demanda fue respaldada por actores políticos como el senador Fabián Díaz.

Tras el fallo definitivo, que no admite recursos que suspendan su efecto, se activa un proceso para reemplazar al mandatario. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, deberá declarar la vacancia del cargo y nombrar un alcalde encargado a partir de una terna que presentarán los partidos que avalaron la candidatura de Beltrán, entre ellos Justa Libres y el Partido de la U. Paralelamente, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene la responsabilidad de convocar a elecciones atípicas, las cuales se prevé que se realicen entre octubre y diciembre de 2025, para elegir un nuevo alcalde en propiedad. Jaime Andrés Beltrán, comunicador social y pastor cristiano, calificó la decisión como un “pulso político” y una persecución contra líderes de derecha.

Afirmó que seguirá trabajando hasta que el fallo quede en firme y defendió su gestión de año y medio, destacando logros en seguridad y reducción del desempleo. Aseguró que la anulación no lo inhabilita para aspirar a cargos de elección popular en el futuro, pudiendo volver a ser candidato a la alcaldía. Aunque no descartó un futuro en la política nacional, manifestó que su prioridad es la ciudad. La salida del alcalde genera un vacío de poder e inestabilidad institucional en Bucaramanga. Proyectos clave, especialmente en materia de seguridad, quedan en el limbo, y se teme una posible polarización política.

La decisión judicial sienta un precedente sobre la vigilancia de la disciplina partidista en los procesos electorales del país.