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Cárcel Judicial y la UPC suscriben convenio para asesorar a los internos con su consultorio jurídico

El escenario político y judicial de Colombia es objeto de análisis y controversia, marcado por debates sobre la integridad de las instituciones, las acciones del primer gobierno de izquierda, disputas electorales y alianzas locales que buscan fortalecer el acceso a la justicia.
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La percepción sobre las instituciones en Colombia atraviesa un momento de escrutinio. Se plantean críticas a procesos de selección en la Rama Judicial, donde se alega que prácticas como el clientelismo podrían afectar la meritocracia, recordando escándalos como el 'cartel de la toga'. En el ámbito político, se analiza el panorama de cara a las próximas elecciones presidenciales, destacando precandidaturas como las de Iván Cepeda, Carolina Corcho y Claudia López, entre otros, como alternativas a discursos de ultraderecha. Se hace un llamado a los candidatos a evitar la polarización y el discurso de odio. En cuanto a la gestión del actual gobierno, calificado como el primero de izquierda en la historia del país, se resaltan logros como las reformas laboral y pensional, esta última pendiente de control constitucional. También se mencionan avances en la reducción de la pobreza monetaria y extrema, citando datos del DANE que indican los niveles más bajos en 13 años, así como la entrega de más de 600 hectáreas de tierra a campesinos. Sin embargo, se reconocen desafíos como la oposición política, el estilo de administración del presidente y escándalos de corrupción que han impactado la percepción del cambio prometido.

Paralelamente, surge una tensión en el ámbito electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) es acusado de actuar como un partido de oposición por una ponencia del magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda.

Dicha propuesta busca otorgar personerías jurídicas condicionadas a solo tres de los seis partidos del Pacto Histórico que solicitaron su fusión, excluyendo a Colombia Humana.

Partidos como la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano han rechazado esta posibilidad, calificándola como un atentado contra la unidad y la democracia, y han anunciado que responderán con movilizaciones y acciones jurídicas.

En un plano más local, se registran iniciativas para mejorar el sistema judicial.

La Cárcel Judicial de Valledupar y la Universidad Popular del Cesar (UPC) firmaron un convenio interadministrativo para que estudiantes de Derecho, a través del consultorio jurídico, brinden asesoría legal gratuita a más de 700 personas privadas de la libertad. Este acuerdo, formalizado con la presencia de directivas como Yesenia Salazar Díaz, directora del penal, busca garantizar que los internos conozcan sus procesos, deberes y derechos, facilitando su acceso a la administración de justicia.

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