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Cambio Radical denunció a la senadora Ana María Castañeda por participar en elección de magistrado

El partido Cambio Radical interpuso una denuncia penal contra la senadora Ana María Castañeda, de su misma colectividad, por su presunta participación irregular en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional, desatando un debate sobre la legalidad de su voto.
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El partido Cambio Radical presentó una denuncia penal ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la senadora Ana María Castañeda. La colectividad la acusa de los presuntos delitos de prevaricato por acción y omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y fraude procesal. La acción judicial se originó por la participación de la congresista, con voz y voto, en la sesión plenaria del Senado del 3 de septiembre de 2025, en la que se eligió a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El argumento central de Cambio Radical es que la senadora actuó desconociendo una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). Previamente, el partido había sancionado a Castañeda por ausentarse en la votación de la consulta popular del presidente Gustavo Petro, quitándole el derecho a voz y voto. Aunque una medida cautelar proferida por la magistrada Alba Lucía Velásquez el 1 de septiembre había suspendido temporalmente dicha sanción, el pleno del CNE emitió la Resolución No. 09109 el 3 de septiembre, dejando sin efectos ese auto.

Según el partido, esto significaba que la sanción estaba vigente y, por lo tanto, la senadora no estaba habilitada legalmente para votar. Durante la sesión, la senadora Castañeda defendió su participación, argumentando que nadie podía restringirle su derecho a participar en la elección y que la determinación en su contra había sido apelada. El contexto político revela que el voto de Castañeda era considerado favorable a la candidata del gobierno, María Patricia Balanta, mientras que Cambio Radical apoyaba a Carlos Camargo, quien finalmente resultó elegido. El caso generó la reacción del presidente Gustavo Petro, quien en sus redes sociales defendió a la senadora, afirmando que los derechos políticos otorgados por el electorado solo pueden ser retirados por un juez penal. La denuncia ya fue radicada y ahora será la Corte Suprema de Justicia la que deberá evaluar los argumentos y decidir si abre una investigación formal contra la congresista.

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