Atentados sacuden al país y elevan el conflicto: gobierno activa ley antiterrorista

Una serie de ataques terroristas coordinados en Cali y Amalfi ha sumido a Colombia en una grave crisis de seguridad, poniendo en jaque la política de 'Paz Total' del gobierno y provocando una contundente respuesta oficial contra los grupos armados.

El 21 de agosto de 2025, Colombia enfrentó una de las jornadas más violentas de los últimos años con dos ataques simultáneos que dejaron al menos 18 muertos y decenas de heridos. En Cali, un carro bomba explotó cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, causando seis muertes y cerca de 60 heridos. Casi al mismo tiempo, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado, resultando en la muerte de 13 uniformados. Las autoridades atribuyeron los atentados principalmente a las disidencias de las FARC, específicamente al Estado Mayor Central (EMC), señalando el uso de drones en el ataque de Antioquia. En respuesta, el presidente Gustavo Petro anunció la clasificación del EMC, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo como organizaciones terroristas, a las que denominó la “Junta del Narcotráfico”.

El gobierno activó recompensas y evalúa declarar el estado de conmoción interior.

Esta decisión marca un punto de inflexión en la política de “Paz Total”, la cual es calificada por diversos sectores como un “rotundo fracaso”. Columnistas critican al presidente por ser “blando con los criminales” y señalan un debilitamiento de la capacidad operativa del sector defensa, con una creciente desmoralización en las fuerzas. Los ataques se enmarcan en un deterioro general de la seguridad que, según los artículos, se ha incubado durante los últimos siete años, con una expansión de la presencia de grupos como el ELN y las disidencias en cientos de municipios. El 2025 ha estado marcado por otros hechos violentos, como la crisis en el Catatumbo, un atentado en La Plata (Huila), y el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

Ciudades como Cali se encuentran en alto riesgo al estar rodeadas por múltiples estructuras criminales. Como reacción a la escalada terrorista, ciudades como Popayán han reforzado sus medidas de seguridad con controles en las entradas y salidas. Mientras tanto, Iván Lozada, comandante de una facción de las disidencias de las FARC-EP, emitió una carta pública en la que acusa al gobierno de Petro de mantener una política “criminal y narco-paramilitar”, rechazando los diálogos de paz y llamando a la resistencia armada.

Artículos

La Silla Vacía

Arranque el domingo con esta selección de columnas de opinión

El País

Las múltiples disidencias de Colombia: cuatro grupos han negociado por separado con el Gobierno Petro

Extra

Popayán y Cauca se blindan contra terrorismo

La Nación

Hechos violentos que han marcado el 2025, año preelectoral

La Nación

Cali y el terrorismo

Diario del Cauca

Violencia renace en Colombia: disidencias de FARC golpean con dron y explosivos

Extra

Atentados sacuden al país y elevan el conflicto: gobierno activa ley antiterrorista

Diario del Cauca

De ‘paz total’ a terror: disidencias FARC y Clan del Golfo declarados grupos terroristas

Diario del Sur

Tras masacre en Antioquia y bomba en Cali, gobierno colombia formaliza calificación como terrorismo

El Frente

Jefe de las disidencias le declara la guerra a Petro: "Es un criminal y narco-paramilitar"

Política

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