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Uso de drones en el conflicto armado colombiano

El uso de drones por parte de grupos armados ilegales ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una estrategia sistemática que está redefiniendo la guerra en varias regiones de Colombia. Estos ataques, cada vez más frecuentes y letales, representan un nuevo desafío para la Fuerza Pública y la población civil.
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El uso de drones como arma por parte de grupos armados ilegales en Colombia ha escalado de ser un experimento a una herramienta sistemática de guerra. Durante el año pasado se registraron 115 incidentes, cifra superada a mediados de este año. Entre 2024 y lo que va de 2025, se han contabilizado más de 220 ataques a nivel nacional, dejando un saldo de 12 militares asesinados y 116 heridos.

Esta modalidad bélica representa un desafío creciente para el Estado, que aún no ha logrado una respuesta efectiva.

La utilización de estos artefactos no es homogénea en el país, concentrándose principalmente en los departamentos del Cauca y Norte de Santander (específicamente en la subregión del Catatumbo), y en menor medida en el Sur de Bolívar, Antioquia y Nariño. Los grupos los emplean para atacar a la Fuerza Pública, en disputas territoriales entre organizaciones ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC (EMC y EMBF), y como herramienta de control social sobre la población civil. La amenaza se extiende peligrosamente a los no combatientes, como lo demuestra un ataque en Tibú (Catatumbo) el 15 de mayo, que causó la muerte de un niño de 12 años. Un hecho reciente que evidencia la letalidad de esta táctica ocurrió el 9 de septiembre en el sur de Bolívar, donde un ataque atribuido al ELN causó la muerte de los soldados Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, e hirió a otros cuatro. Además del ELN y las disidencias, otros grupos como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) también han adoptado esta tecnología. Los grupos armados modifican drones comerciales de bajo costo, como los modelos de la empresa china DJI Technology Pro, para cargar granadas y explosivos. Esta facilidad de adquisición y uso ha expuesto la falta de una regulación específica en Colombia. En respuesta, el Gobierno ha radicado el proyecto de ley 075 de 2025 para controlar su venta y uso, mientras que el Ejército implementa sistemas antidrones como inhibidores de señal.

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