Antonio Sanguino, a juicio por presuntas irregularidades como concejal

En Bucaramanga, un juez emitió una sentencia condenatoria de primera instancia contra cinco exfuncionarios de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y un contratista por el caso conocido como Vitalogic. Los hechos se relacionan con irregularidades en la adjudicación de un contrato de consultoría de 336 millones de pesos en 2016, destinado a implementar nuevas tecnologías en el relleno sanitario de El Carrasco.

La Fiscalía demostró que los implicados falsificaron documentos y modificaron requisitos para favorecer a una firma específica. Los condenados fueron hallados responsables de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documentos públicos y privados. Las penas de prisión oscilan entre los 9 y los 13 años. El exgerente de la EMAB, José Manuel Barrera Arias, recibió una condena de 11 años y 10 meses. A excepción del contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien cumplirá su pena de 9 años y 10 meses en detención domiciliaria por una grave enfermedad, a los demás se les negó cualquier beneficio y deberán cumplir su condena en un centro carcelario.

Por este mismo caso, el fallecido exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, había sido condenado en 2024. Paralelamente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por su presunta implicación en el escándalo del 'carrusel de la contratación' de Bogotá. Se le acusa del delito de tráfico de influencias de servidor público por hechos ocurridos en 2009, cuando era concejal de la ciudad. Según la investigación, Sanguino habría usado su cargo para influir en el nombramiento de la gerente del Hospital de Usme con el fin de direccionar la adjudicación del contrato de construcción de la nueva sede de la entidad a un contratista específico. La Corte Suprema negó la prescripción de los hechos y continuará con la audiencia de formulación de acusación, asumiendo el caso por el fuero constitucional del ministro.